La ejecución presupuestaria del primer trimestre del año revela un cambio positivo e importante en la gestión de la política fiscal. Por primera vez en varios años se advierte un esfuerzo decidido por cumplir con las metas fiscales preestablecidas en la ley de presupuesto. Por lo menos desde 2008 hasta 2012, los topes presupuestarios fueron letra muerta, y parte del presupuesto era simplemente una ficción.
Se trata, por tanto, de un ejercicio presupuestario más sano que en el pasado reciente, e inmensamente más que en 2012. Eso hay que encomiarlo.
Desafortunadamente, el discurso y los anuncios oficiales que siguieron a la divulgación del informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2013 hicieron deslucir el logro. Esto no es evidente para la opinión pública que ha comprado los argumentos del Gobierno, y con ello éste parece haber logrado su propósito, si no lo es para quienes nos dedicamos a hurgar en los datos y analizar la información fiscal.
El discurso oficial que siguió al informe se montó sobre varias ideas problemáticas.
La primera es que el Gobierno logró un ahorro. En realidad, lo que ocurrió fue una reducción y una posposición del déficit. El ahorro hubiese ocurrido si los gastos hubiesen sido menores a los ingresos pero eso no fue así. Ciertamente, la figura discursiva tuvo éxito político pero a costa de la verdad.
La segunda es que la reducción del déficit con respecto al nivel programado es un logro. El problema de este argumento es doble. Por una parte, no es verdad que la reducción del gasto y del déficit fue una decisión de política. Como el propio informe gubernamental plantea, fue un resultado no buscado. El Gobierno no pudo gastar todo lo que tenía planeado por factores diversos, incluyendo que no pudo desembolsar recursos externos, la postergación del ajuste salarial a maestros y maestras, y lentitud en la ejecución de obras.
Por otra parte, con una economía en franca desaceleración y con el desempleo en alza, regocijarse por haber tumbado el gasto público por encima de lo previsto debe ser producto del cinismo o de una ignorancia imperdonable. A finales del año pasado, voceros del Gobierno defendieron el paquete tributario con el argumento de que de no aprobarse, el gasto público tendría que contraerse, lo que reduciría la producción y el empleo. Ese mismo argumento es válido para rechazar la celebración de algunos o para develar las poses que adoptan.
De hecho, la contracción del gasto en ese primer trimestre contribuyó a la caída en la actividad económica, y a que el desempeño de las recaudaciones no haya sido mejor del que fue. El propio Gobierno se muestra preocupado por ello cuando en el informe presupuestario afirmó que “…monitorea(n) estrechamente…el gasto, para evaluar las implicaciones macroeconómicas…por sus posibles efectos en la dinámica de la economía”.
La tercera idea problemática que se ha divulgado es que el Gobierno se apresta a reasignar y aumentar la inversión pública. Sin embargo, realmente no se trata de una reasignación o un aumento de la inversión, sino de una posposición del gasto. Como no se pudo ejecutar todo el gasto programado desde enero hasta marzo, parte de esto será desembolsado a partir de ahora. Eso implica que en el trimestre en curso, el déficit será mayor al programado, lo cual es razonable, siempre que no haya grandes desvíos para todo el semestre. Eso es una corrección y no más, la cual ayudará a corregir el crecimiento.
Una última preocupación es que el Gobierno reportó que durante el primer trimestre pagó deudas atrasadas de 2012 por 15 mil millones de pesos, más de 8 mil millones sobre lo programado. En otras palabras, se excedió en el pago de deudas no consignadas en la ley, y se quedó corto en otros rubros, quizás vitales en materia social y económica. El hecho revela el enorme costo que la sociedad está pagando por el desastre fiscal de 2012 y por donde andan algunas prioridades presupuestarias.
En síntesis, el alineamiento global del gasto con las metas presupuestarias es un logro que tiene valor en sí mismo y no merecía haberlo mezclado con medias verdades, falsedades y manipulación informativa. Estas no son sutilezas técnicas sino parte de un ejercicio transparente de la gestión fiscal.
