Día tras día se escuchan casos de hombres y mujeres de trabajo que son víctimas de delincuentes, que fácilmente matan por un celular y aquellos violadores de niñas sin llegar siquiera a la pubertad.El diputado por la provincia Santo Domingo Luisín Jiménez se ha expresado abiertamente sobre el tema de la criminalidad, entendiendo que a los delincuentes hay que sacarlos de las calles. Además de su opinión, Jiménez se mantiene empujando un proyecto de ley que crea el Centro de Tratamiento Contra Agresores Sexuales, para aplicarlo exclusivamente a los violadores.
La propuesta es darles seguimiento a estos delincuentes, una vez cumplan condenas, y quitarles con un tratamiento el deseo de tener encuentros sexuales.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados actualmente está estudiando la iniciativa, propuesta por Jiménez. “Planteamos que antes de liberar a un delincuente se le aplique un tratamiento con un medicamento que se llama Depo-Provera, que le controla la libido”, explicó Jiménez en una entrevista a elCaribe.
Además de la castración química, que ya se utiliza en otros países para los mismos fines, el centro se encargaría de brindar tratamientos psicológicos para los culpables y crear un registro de estas personas, una vez cumplen condena. “Planteamos también que antes de liberarlos, los médicos deben decir si está (el condenado) en condiciones de integrarse a la sociedad”, refiere el diputado al hablar del proyecto.
A juicio de Luisín Jiménez, el violador sexual es una persona enferma que ataca a la parte más vulnerable de la ciudadanía, que son los niños y mujeres, y aunque haya cumplido una condena, “reinciden en cualquier momento”. “No es una persona agresiva, no es fácil de detectar, puede ser tu vecino. Estamos hablando incluso de personas condescendientes, que se meten a la familia”, apuntó al referirse a los que cometen abuso sexual. Subrayó que está gestionando con el Colegio Médico Dominicano para que inicie la discusión sobre la posibilidad médica de aplicar el tratamiento y sus efectos secundarios. “Si los médicos tienen una mejor opción para medicarlos estoy dispuesto a transformar el proyecto de ley”, dijo.
La iniciativa choca con la Constitución
La iniciativa tiene un año en la Comisión de Justicia, lo cual se debe, según explicó, a que choca con la Constitución que establece que las personas no pueden ser sometidas a medicamentos sin su consentimiento. Sobre este obstáculo dijo que entre las modificaciones que se estudia es ver si el Depo-Provera podría presentarse como un atractivo, para negociar con el malhechor.
