Flérida es una escuálida madre de tres niños de 4, 6 y 9 años que vive alquilada en una casita en el barrio “La Toronja” de Santo Domingo Este. Trabaja como doméstica en una casa de familia donde le pagan RD$2,000 al mes.
De renta paga RD$800 y el resto es para alimentar a sus hijos, comprar medicinas cuando se enferman y otras necesidades. No tiene ayuda de nadie porque el padre de sus hijos “se juntó” con otra mujer y la abandonó.
Como el dinero nunca le alcanza, tiene que recurrir a lo que más le avergüenza: “pedir un chin de comida” a los vecinos para repartírselas a sus vástagos y callar sus continuos gritos. Flérida tiene 32 años, pero aparenta 45. Ella y sus hijos están mal nutridos, tienen anemia aguda que se manifiesta con frecuentes mareos, caída del pelo, alteración del vientre y en la madre con cansancio y debilidad que la obligan a paralizar su labor de suapear, fregar y lavar, porque dice, “se me van las fuerzas y sudo frío”.
De acuerdo con el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2012, en el país ha disminuido la desnutrición al pasar de 24% a 10% durante los últimos 10 años. Sin embargo, investigadores del tema como la diputada Guadalupe Valdez afirman que en comunidades fronterizas el promedio supera el 30%.
Buscando salida
Pensando en personas como Flérida es que un grupo de diputados creó el Frente Parlamentario Contra el Hambre y la Seguridad Alimentaria, que desde hace dos años y medio trabaja con distintos sectores nacionales y organismos internacionales para dotar al país de la “Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional por el Derecho a la Alimentación”.
Guadalupe Valdez, diputada de la Alianza por la Democracia, junto a sus colegas Hamlet Melo(PLD), Marino Hernández (PLD), Juana Vicente (PLD), Lucia Alba López( PRD), Ricardo Contreras (PLD), Víctor Lasosé(PRD), María Fernández (PRSC) y Ramón Cabrera(PLD) impulsan el proyecto desde una perspectiva multisectorial que no solo incluye garantizar alimentos a las personas, sino también la producción. Con el apoyo técnico de La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Programa Mundial de Alimentos (PMA); la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se inició un proceso de consulta para dar cumplimiento al artículo 54 de la Constitución de 2010 que garantiza la productividad y por ende la seguridad alimentaria.
Se realizaron ocho foros regionales en 25 provincias en los que participaron 543 personas. Se hicieron consultas y comparaciones con países como Ecuador, Nicaragua, Honduras y Brasil que ya habían avanzado en ese tema.
En octubre de 2011 estuvo listo el primer borrador del Frente Parlamentario contra el Hambre , pero luego se hizo una consulta virtual con la FAO en Roma y se diseñó una plataforma que incluyó escuchar además a organizaciones como Articulación Nacional Campesina, Conamuca , las Iglesia y otras.
La propuesta
El proyecto no fue entregado el pasado año para que no fuera utilizado como tema de campaña y se echara al olvido. Fue introducido a la Cámara de Diputados, con el respaldo de 65 legisladores, el 18 de marzo de 2013, desde entonces la iniciativa 04020 fue remitida a la Comisión de Derechos Humanos.
Consta de 51 artículos. El primero tiene por objetivo establecer el marco institucional que permita elaborar y desarrollar las políticas de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional “como instrumentos para respetar, proteger y ejercer el derecho a la alimentación adecuada en conformidad con los principios de los derechos humanos.
El artículo 3 indica que la seguridad alimentaria y nutricional significa que todas las personas tienen acceso continuo y permanente, físico, social y económico a los alimentos necesarios en calidad y cantidad suficiente.
“Las autoridades públicas encargadas de aplicar las medidas de asistencia priorizarán las mismas, hacia los sectores más vulnerables, que son los más pobres, tales como mujeres embarazadas, niños y niñas menores de cinco años, con énfasis en los primeros 1000 días de vida y personas de la tercera edad, en base a la información entregada por las instituciones técnicas encargadas de suministrarla”, dice el artículo 15 del proyecto.
Se instituye la Red Nacional para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional que coordinará las acciones encaminadas a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan.
El artículo 41 establece: “El Ministerio de Hacienda anualmente en el Presupuesto General destinará a cada institución que forma parte del Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria las partidas correspondientes para la ejecución de programas y proyectos”.
Esperan que proyecto sea aprobado este año
Guadalupe Valdez confía en que el proyecto de Ley sea aprobado este año para que la población tenga garantizado el derecho al acceso a los alimentos y el país cuente con políticas que permitan mantener una producción constante en cantidad, calidad e inocuidad de los alimentos como lo contempla la Carta Magna.
Se espera que una vez la comisión de Derechos Humanos rinda su informe se inicie un proceso de vistas públicas con los sectores interesados y luego la pieza sea conocida por el pleno para sancionarla favorablemente.
