El precio del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales es inherentemente inestable porque depende críticamente de los acuerdos (o la falta de ellos) entre actores clave, y éstos tienden a cambiar. Aunque como en la mayoría de los mercados, la demanda, la oferta y la especulación comandan las fluctuaciones de corto plazo de los precios, en los del petróleo y derivados las condiciones de oferta son muy influenciadas por esos acuerdos. Lo que ha venido pasado en años recientes es que, debido a los atractivos precios, nuevos actores han entrado al mercado, incrementando significativamente la oferta, y rompiendo las condiciones del equilibrio.
En respuesta a esa entrada, principalmente de productores estadounidenses que usan la controversial tecnología de fracturación hidráulica y otros que explotan petróleo profundo, productores bien establecidos como los de la mayoría de los países de la OPEP han mantenido su oferta en vez de recortarla. Su objetivo es deprimir los precios para lograr que los nuevos entrantes no aguanten y terminen retirándose. Eso reduciría la oferta y haría que, a mediano plazo, los precios se recuperen. Pero si eso pasa, habrá incentivos para retomar muchos proyectos de fracturación hidráulica y de extracción a profundidad que pueden hacer reducir los precios nuevamente. Se trata, por tanto, de una dinámica inestable con resultados inciertos, algo que puede cambiar sólo si se logran acuerdos duraderos. Es muy probable que los precios suban y se estabilicen, pero no se sabe a qué nivel ni cuándo.
La República Dominicana es muy vulnerable a los cambios en los precios del petróleo no sólo desde el punto de vista de sus cuentas externas (más del 30% de todas las importaciones de bienes es de derivados del petróleo) y por su incidencia en los precios, sino también porque impacta en sus cuentas fiscales. Cerca del 12%de los ingresos tributarios proviene de impuestos a los hidrocarburos y alrededor de 10% del presupuesto del Estado es gastado en subsidiar a las empresas distribuidoras de energía cuyo déficit depende en buena medida del costo de la energía, para la que un 40% depende de derivados de petróleo.
La reducción del precio del petróleo es temporal y hay que aprovecharla al máximo. Desde el punto de vista fiscal, el presupuesto para 2015 se estimó asumiendo un precio medio del petróleo de 92 dólares por barril. Claramente las estimaciones de los ingresos fiscales deberán ajustarse a un precio más razonable. Si el precio promedio del petróleo llega a ser 60 dólares por barril, las recaudaciones se reducirían en 5 mil millones. Pero con ese precio, el subsidio eléctrico se reduciría en unos 16 mil millones de pesos, lo que resultaría en un ahorro fiscal de 11 mil millones. Si el precio medio fuera de 50 dólares el ahorro fiscal neto fuese de 13,500 millones.
La decisión entonces es qué hacer con ese ahorro. Se puede simplemente reducir el déficit público hasta donde permita ese ahorro, lo que lo llevaría hasta 1.9% ó 2% del PIB, frente al 2.4% que el gobierno se propone para 2015. Eso reduciría el crecimiento de la deuda pública y las ansiedades fiscales, pero no contribuye a enfrentar las vulnerabilidades fiscales. Una opción que reditúa a largo plazo, porque ataca uno de los mayores problemas fiscales, es destinar al menos parte de esos recursos a mejorar la red de distribución de energía para reducir las pérdidas y el déficit, y con ello el subsidio. Desafortunadamente, atacar las pérdidas con efectividad necesita más que una inversión de un momento; requiere de un programa de inversiones y acciones contra el fraude, algo que el gobierno no parece contemplar seriamente.
La otra pregunta relevante es qué hacer ante la holgura externa que deriva de la reducción en la factura petrolera. Debido a la relativa abundancia de divisas, las autoridades monetarias tendrán mucho menor presión para controlar la tasa de cambio. Probablemente no habrá mejor momento para aflojar la política monetaria emitiendo menos certificados, contribuyendo así a desmontar la enorme deuda del Banco Central con el público, que asciende a 340 mil millones de pesos. Esto puede ayudar a reducir las tasas de interés, y aumentar la inversión y el empleo.
Por último, este es también un buen momento para introducir de forma definitiva la tarifa técnica a la energía, es decir la tarifa que refleja los costos, sin que la tarifa efectiva se incremente. Eso haría que cuando el petróleo suba, el gobierno no se vea forzado a subsidiar, quitándole recursos a la educación y la salud.
