Hay un amplio consenso en la sociedad dominicana con respecto a la urgente necesidad de dotarnos de un nuevo modelo de desarrollo. La insatisfacción es generalizada porque el buen desempeño macroeconómico de décadas no ha terminado por mejorar decididamente la calidad de vida de la mayoría.
Pero, ¿en qué consistiría ese modelo? Para responder a esa pregunta debemos primero identificar los fundamentos de los modelos que se han adoptado y los factores que explican por qué éstos no han traído bienestar para la mayoría.
No me canso de repetir que los modelos que hemos adoptado, tanto el de sustitución de importaciones vigente hasta los ochenta, como el de zonas francas y turismo (o modelo de servicios) que lo sucedió y que no terminamos de superar, han tenido un factor central en común: sus objetivos primarios no han sido generar empleos o impulsar una dinámica de aprendizaje y de cambio tecnológico y productivo, sino garantizar una elevada tasa de rentabilidad para las actividades priorizadas.
No hay nada de malo en procurar una rentabilidad adecuada porque las ganancias son el principal incentivo para atraer la inversión. Además, éstas traen consigo empleos y tienen impactos en el aprendizaje laboral y empresarial. Pero cuando se pierde de vista que el objetivo debe ser el bienestar de la gente, se terminan confundiendo los medios (los incentivos) con los fines, y éstos últimos quedan comprometidos. Eso es lo que ha pasado, pero más aún, los instrumentos para garantizar la rentabilidad de las inversiones terminaron en franca contradicción con la mejoría de la vida de las personas, haciendo incompatibles conseguir ambos objetivos simultáneamente.
En ambos casos, se usaron dos instrumentos principales: los bajos salarios y la protección fiscal en forma de exenciones tributarias y aranceles. Por un lado, a lo largo de las últimas cuatro décadas, la contención salarial por diferentes vías (los salarios mínimos, la migración y otros) ha sido un objetivo de política de primer orden. Por otro lado, los incentivos fiscales han sido piezas centrales para impulsar las actividades seleccionadas. Sin embargo, éstos han terminado comprometiendo la capacidad del Estado para financiarse adecuadamente para brindar bienes públicos de calidad.
Un tercer elemento presente en ambos modelos es que el Estado mismo ha sido una fuente de acumulación y de enriquecimiento, en un marco de falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas. Esto ha contribuido a hacer de éste un ente gravemente incapaz de brindar servicios públicos de calidad. A la limitación de recursos derivada de los incentivos fiscales, se suma una pobre calidad del gasto asociada a la ineficiencia, la ausencia de rendición de cuentas y el clientelismo y la corrupción.
El resultado final ha sido un crecimiento económico con exclusión social e ineficacia estatal, que ha debilitado la legitimidad del Estado y la cohesión social, y que ha jugado en contra de incrementar las capacidades productivas y de innovación porque ellas dependen del conocimiento y de las destrezas que las personas desarrollan, que dependen de la educación a la que tengan acceso, así como de la salud y la protección que el Estado brinda, promueve y/o regula.
De allí que darle vuelta al modelo implique poner en el centro de la estrategia a las personas y a sus capacidades, antes que en incentivos fiscales eternos. Eso significa robustecer los servicios sociales, y darle mucho más prioridad a los servicios de apoyo a la producción y la innovación de las empresas.
También significa transformar al Estado para que rinda cuentas, lo que supone una profunda reforma política que cambie la forma en que funcionan los partidos políticos y la ciudadanía, para que los primeros procesen y respondan a las demandas, y para que la segunda demande derechos y cumpla obligaciones.
Un nuevo modelo no se trata de cambiar los sectores que se incentivan (aunque debe haber algo de eso) sino de cambiar el objetivo de las políticas públicas, y de cambiar las cosas que se hacen desde el Estado; hay que pasar desde exonerar, construir y alimentar aparatos político-electorales, a proveer servicios sociales y productivos de valor.
Y por último, se trata de cambiar la forma en que se hacen las cosas, desde una en la que quien decide tiene todo el poder, es incuestionable y lo que hace es frecuentemente en la sombra, hacia otra en la que tenga que rendir cuentas y esté sujeto a consecuencias.
