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Para muchos empresarios, desafortunadamente, el régimen de libre empresa funciona en la medida en que se muestra tolerante contra el abuso y el afán desmedido de lucro.  Y, naturalmente, deja de funcionar o no existe desde el momento mismo en que ponen en movimiento normas o mecanismos para proteger a la comunidad de acciones vandálicas contrarias a la ley y a la más elemental ética comercial o profesional.

Uno de los grandes triunfos propagandísticos de quienes combaten la libertad de empresa es el haber creado estereotipos que actúan en la mente humana en contra de su existencia misma. Objetivo principal de esa propaganda ha sido, por ejemplo, desacreditar el derecho al lucro y a la propiedad como causas fundamentales del atraso, el subdesarrollo y el sufrimiento de las mayorías. De esta manera la posesión de riqueza se entiende como producto del robo y consecuente causa de injusticia social.

Y como muchas riquezas tienen origen y procedencia cuestionables, esa prédica cala en amplios sectores de la población nacional, especialmente en las de más bajos ingresos. Al defender las malas prácticas comerciales, muchos empresarios contribuyen de ese modo a desacreditar el concepto de libre empresa y a reducir la confianza popular en el sistema.

La discusión alrededor de las llamadas reformas fiscales, que hemos sufrido en años recientes, en realidad lo más lejano a una reforma, ha robustecido la tesis de quienes erróneamente creen que la libre empresa es un ámbito reservado a los grandes capitales.

El hecho es que el debate ha quedado reducido a aquellos más próximos al poder, limitándolo a un simple problema de montos, echando a un lado los aspectos más trascendentales y posponiendo la posibilidad de corregir los vicios de un sistema tributario ineficiente que penaliza el cumplimiento y estimula la evasión.

De modo pues que el diálogo en torno a la reforma nos alejó de ella, sin añadir adeptos a la libre empresa.

Las fallas de la libre empresa no se derivan exclusivamente de la injerencia estatal, por mucho que ésta haya entorpecido en el transcurso de los años su desarrollo y crecimiento. Los defectos de nuestro muy peculiar régimen de libre mercado se deben también, y en gran medida, al propio sector privado.

Responden a los predominios de grupos, a los oligopolios y castas empresariales que han explotado hasta la saciedad el paternalismo estatal, invocando para su provecho la intervención del gobierno en la economía, a sabiendas de que los privilegios trabajan en contra del sistema y de las oportunidades de los demás.

La capacidad instalada, señalada tantas veces como una razón de la poca funcionalidad o de la presunta existencia de libertad empresarial, ha sido esgrimida no siempre por el Estado, sino por grupos empresariales para evitar de esta forma la competencia o preservar irritantes concesiones. ¿Cuándo esas concesiones se reflejaron en el mercado, ya sea mediante un mejoramiento de los precios y de la calidad de los productos o mediante un incremento de la oferta?

También es preocupante la tendencia a ver en toda denuncia de la especulación, el enriquecimiento rápido y desmesurado derivado de cierta actividad comercial o empresarial, una actitud contraria a la libre empresa. Esas prácticas regulares en nuestro medio, conspiran efectivamente contra un régimen de libre comercio. El error estriba en considerar la libre empresa sólo como el derecho a hacer negocios y no como todo un conjunto estructural para estimular el desarrollo de la libre iniciativa individual y garantizar el derecho de los consumidores. La especulación le hace un daño enorme a la libre empresa, porque se la sigue asociando al sistema mismo, como algo natural y congénito a él, y porque, además, se han querido desacreditar las campañas contra esa aberración pretendiéndolas como ataques al sistema y no como acciones legítimas de defensa social contra los especuladores.