“Nuestra jurisprudencia no hace constar decisión alguna respecto al juzgamiento por los tribunales ordinarios por la comisión de delitos y crímenes electorales”.Así lo reveló José Manuel Hernández Peguero, juez del Tribunal Superior Electoral, al exponer en la V conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral realizada en el país. El magistrado señaló que esto se da “a pesar de las quejas constantes de los partidos políticos que insistían en su comisión”.
Indicó además que “dado que no existe una legislación procesal electoral, los constituyentes del 2010 facultaron a los jueces del Tribunal Superior Electoral, la adopción de un reglamento contencioso electoral, el cual se encuentra en fase de análisis que, necesariamente, dado el carácter de jurisdicción única constitucional del tribunal tendrá que regular lo referente al procedimiento para el conocimiento de los casos en sus diversas fases procesales penales, respetando las garantías y los medios necesarios para que los actores puedan acceder a la justicia electoral”.
Sanciones
Hernández Peguero dijo que en el caso de la República Dominicana, las penas previstas para las infracciones electorales van, desde una multa, hasta la privación de libertad por periodos que varían de tres a seis meses o de un año hasta dos, según cada caso.
“Asimismo, queremos dejar establecido que nuestra legislación no prevé que se puedan imponer sanciones por la vía administrativa, aunque los proyectos que cursan en nuestro Congreso, contienen algunas disposiciones relativas a esto”, expuso.
Precisó que “es al Ministerio Público al que le corresponde la labor de investigación, persecución y sustanciación de todas las infracciones penales, incluyendo las de naturaleza electoral; de ahí que la labor de este funcionario, sea esencial y activa en esta materia”. Otros jueces también hablaron de la justicia electoral en sus naciones.
