El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, informó ayer que el Ministerio de Administración Pública trabaja en la elaboración del reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública.El funcionario sostuvo que para esos fines la institución ha contratado consultores para que “en breve” ese reglamento esté listo.
“Ya se está trabajando en eso y yo estoy seguro de que estará listo en breve. Hemos tenido varias reuniones en las que se ha conversado al respecto”, precisó. Desde la semana pasada, periodistas de elCaribe han intentado conocer los motivos del retraso en la elaboración de dicho código, en voz del ministro Ramón Ventura Camejo, pero ha resultado imposible.
De acuerdo con el artículo 86 de la Ley 247-12, la elaboración del Reglamento General para la aplicación de esta normativa, es responsabilidad del presidente de la República, quien concretizará su política organizativa mediante un Reglamento deliberado en Consejo de Ministros. Se trata de un conjunto coherente y actualizado de normas y nomenclatura de referencia para la Administración Pública bajo jerarquía o tutela del Poder Ejecutivo.
Mientras que, el artículo 87, ordena al Presidente de la República evaluar el desempeño institucional en los diferentes sectores, por lo menos cada tres años, a través de un plan de revisión general de la organización de la Administración Pública y a dictar las normas y pautas de reforma orgánica que juzgue necesarias.
Más de un año de atraso
Esta ley, que surgió como un mandato de la Constitución de 2010, fue promulgada hace más de un año por el Poder Ejecutivo. La misma establece los principios rectores y reglas básicas para la organización y funcionamiento de las instituciones estatales.
Hace falta voluntad política para aplicar ley
Carlos Pimentel, director del área de Transparencia y Gobierno, de la organización cívica Participación Ciudadana, afirma que la aplicación de la medida ha encontrado un muro de contención en la clase política, ya que supone la revisión de toda la estructura del Estado. Sostiene que su implementación requiere de voluntad política y presión por parte de grupos sociales.
