La Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), sigue siendo la principal prestadora de servicios para el 12.3% de la población dominicana que sufre algún tipo de discapacidad.
Y aunque la cifra va en aumento, fruto de la gran cantidad de accidentes de tránsito que dejan a diario a un gran número de personas con lesiones, amputaciones de miembros y traumatismos, la institución, fundada hace 53 años, por doña Mery Pérez de Marranzini, la cual ofrece alrededor de 6,500 servicios diarios en sus 29 centros a nivel nacional, recibe una subvención estatal de apenas RD$67 millones anuales, que se mantiene invariable desde el 2007, según explicó ayer, su director ejecutivo, Arturo Pérez Gaviño.
Y aunque este año el Poder Ejecutivo a través del fondo especializado de la Presidencia, prometió hacer una erogación extraordinaria de RD$70 millones para paliar el déficit presupuestario, hasta abril pasado solo había recibido unos RD$10 millones.
El aporte estatal, apenas representa un 8 por ciento dentro del presupuesto general de la institución, que este año fue de RD$800 millones, provenientes, en un 68 por ciento, de la facturación de servicios con las distintas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y el resto de contribuciones del sector privado.
Durante un encuentro con líderes de opinión de los principales medios de comunicación del país, el director ejecutivo de la institución, junto a su presidenta y el primer vicepresidente, Celso Marranzini, externaron su preocupación ante el elevado número de hombres y mujeres lesionados en accidentes de tránsito, fruto del manejo temerario, unido a la falta de regulación por parte de las instituciones reguladoras del tránsito.
En ese sentido, Pérez Gaviño reveló que el 12% de los pacientes atendidos, en condiciones de nuevo ingreso, son usuarios con secuelas de accidentes de tránsito, de los cuales el 60% se encuentran en plena etapa productiva, con edades que oscilan entre los 20 a 49 años.
El director de la institución insistió en la necesidad de un cambio de actitud en los conductores de vehículos de motor, pero en especial de los motoristas, que en los últimos años han incrementado su temeridad, al hacer carreras de motores en las principales autopistas del país, dejando a varios con lesiones craneales y de columna, con la consecuente carga que esto impone al sistema de salud dominicana por los enormes gastos que conlleva su tratamiento.
Más de 900 mil servicios brindados
Durante el periodo enero-octubre 2016, respecto al comparativo con igual periodo del 2015, los servicios ofrecidos por la Red de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, muestran un total de 914,385 servicios facilitados, para un aumento de un 11.97% a nivel general, que representa un 95% de la ejecución alcanzada durante el 2015; reflejado en incrementos en 25 Centros de la Red.
Del total de servicios el 81.4% (744,809) corresponden al Programa de Medicina de Rehabilitación y el 18.6% (169,576) a servicios de Educación Especial que incluyen 25,857 servicios de Psicología, 46,404 de Intervención Temprana y 454 servicios Formativos y Laborales.
El director de la institución dijo que aspiran a la apertura de nuevas filiales en comunidades donde todavía no existen servicios para tratar de facilitar la atención de las personas en su localidad de origen, reduciendo así los desplazamientos, elevados costos de transporte y la duración del proceso de recuperación de sus capacidades residuales.
ADR, principal fuente de formación de terapistas
Un extraordinario aporte consiste en la formación de una gran cantidad de fisiatras, así como la facilitación de plazas a médicos ortopedas, neurólogos, pero también a terapeutas del habla, terapeutas ocupacionales, psiquiatras y psicólogos, terapeutas del aprendizaje y maestros de educación especial. “Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la medicina de rehabilitación y los programas de educación especial en nuestro país han nacido y se han desarrollado a plenitud en la Asociación Dominicana de Rehabilitación”, dijo.
Hay una baja inserción laboral de discapacitados
Una de las preocupaciones externadas por el vicepresidente de la ADR, Celso Marranzini, es la baja inserción laboral de las personas con discapacidad al mercado productivo, en violación al Código Laboral, así como la falta de accesibilidad de las edificaciones y espacios públicos. Resaltó que el año pasado, con el apoyo de la Cámara Americana de Comercio, se logró la contratación de algunas personas con discapacidad motora e intelectual leve, en las provincias Barahona, Bonao, Santo Domingo y Dajabón.
