La renegociación y el interés nacional

Danilo Medina y el Gobierno dominicano obtuvieron lo que estaban buscando con la renegociación del contrato con la Barrick Gold Corp. Se la jugaron, ganaron y tuvieron un éxito financiero y político rotundo.

Danilo Medina y el Gobierno dominicano obtuvieron lo que estaban buscando con la renegociación del contrato con la Barrick Gold Corp. Se la jugaron, ganaron y tuvieron un éxito financiero y político rotundo.Con un masivo apoyo público, jugaron rudo y forzaron a Barrick a sentarse a negociar. La noticia de la retención de los embarques hizo mella en el precio de las acciones de la corporación, y junto a complicaciones en otras partes del mundo, debilitó su posición negociadora, la cual tenía la enorme ventaja inicial de un contrato legalmente muy bien amarrado. Pero parece que Barrick no podía darse el lujo de enviar más malas noticias a los mercados y necesitaba asegurarse que la operación de Pueblo Viejo, una mina de mucha importancia para ella, fluyera sin contratiempos, aún a costa de quedarse con beneficios menores.

El resultado fue que Barrick Gold Corp. cedió en cinco puntos importantes. Primero, aceptó pagar la inversión en un período de 10 años, y no en los cuatro que estaban implícitos en el contrato, y por adelantado. Eso implica que la mina empezará a dar beneficios de inmediato.

Segundo, aceptó eliminar la grosera cláusula que le permitía a Barrick asegurarse un retorno del 10% luego de haber pagado la inversión. Las utilidades netas se repartirán, sin descuento, una vez se pague la proporción de la inversión acordada en el programa de repago de la inversión.

Tercero, se acordó reducir la tasa de depreciación para planta física y equipo de minería desde 40% hasta 15%. Esto hace que aumenten los ingresos netos del Estado. No hay manera de justificar una tasa de depreciación de 40% que no sea un aprovechamiento ilegítimo.

Cuarto, se redujo la tasa de interés que entidades financieras vinculadas a Barrick cobraban por los créditos. Eso hace que la rentabilidad del proyecto sea más elevada, y revela que parte de las ganancias se transferían espuriamente a acreedores relacionados con Barrick.

Quinto, el nuevo contrato blindaría los ingresos del Estado de aumentos “inesperados” de costos porque establece que el ingreso mínimo del gobierno, una vez pagada la regalía (que es como un impuesto de ventas) de 3.2% del valor de las exportaciones, equivaldría al 90% de los ingresos que se proyecta reciba en la actualidad.

En suma, el gobierno anunció que, asumiendo el supuesto heroico de un precio del oro de US$1,600 por onza, los ingresos públicos subirán desde US$10 mil millones hasta US$11,600 millones a lo largo de la vigencia del contrato, y entre 2013 y 2016 en más de US$1,800 millones. Una forma de decirlo es que el aumento del beneficio total para el Estado lo aprovechará totalmente el gobierno de Medina y no otros gobiernos, aunque la renegociación también aseguró que los beneficios para otras administraciones no se reducirán.

Sin embargo, el entusiasmo no debe cegar. El país obtuvo más, pero no logró lo justo. Lo justo es que el Estado reciba entre 50% y 70% de las ganancias extraordinarias por el aumento en los precios del oro, lo cual hubiese significado recibir entre dos y tres veces lo que se obtuvo en la renegociación. Pero eso no fue lo que se planteó el Gobierno con la renegociación. La meta fue más modesta, una que no implicaba un desafío frontal y una que era viable para un gobierno que no apuesta a rupturas. Dentro de ese marco, el resultado está cerca de lo más que se podía lograr.

En síntesis, a pesar del éxito del Gobierno, el país tiene derecho a más de lo que ha logrado. Para ello debe poner sus condiciones (y no al revés) con una ley de minería que garantice una participación justa del Estado en la actividad y en los beneficios extraordinarios. Pero además, debe tener capacidad y determinación para hacer cumplir la legislación ambiental, cuestión frente a la que se ha sido negligente.

De manera interesante, el precedente es bueno porque a pesar de quedarse corto en lo justo, la experiencia demostró que el país tiene más fuerza de lo que ha creído. Logró lo que para muchos era impensable. En palabras del amigo abogado Bartolomé Pujals, logró poner el interés nacional por encima de la seguridad jurídica.

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