El relanzamiento de las relaciones exteriores es una oportunidad única para emprender nuevas acciones estratégicas, eliminar vicios y fortalezca el Estado.Es imperativo la limpieza total de la nómina clientelista, y acabar con el derroche de los recursos del Estado. Es fundamental someter a una auditoría estricta las prioridades diplomáticas y comerciales del país. Vale la pena capitalizar mejor las relaciones con los países ricos, las grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Francia, España, Brasil y el intercambio diplomático y comercial con América Latina y el Caribe, en procura de mayores beneficios para el turismo, el productor nacional y la inversión social. Sin embargo, por razones estratégicas obvias, creo que las relaciones con Haití son la más alta prioridad diplomática y comercial del Estado dominicano.
Lo primero es entender que el Estado arrastra pérdidas millonarias con los embajadores, cónsules y vicecónsules botellas, cobrando sumas millonarias en dólares. Esos son vicios muy costosos en perjuicio de una nación pobre. La nueva política exterior debería establecer salarios justos, dignos y comisiones razonables para quienes vendan el país y generen inversión extranjera, mayor comercio y riqueza con los productos nacionales. Ningún zángano debe ir a enriquecerse con el desfalco abierto y descarado de las arcas públicas en una posición consular como las de Nueva York, Boston, Canadá y demás naciones.
Entender que la inestabilidad política de Haití, sus debilidades institucionales, atentan contra la estabilidad económica y social del país. Que la crisis política de Haití repercute y amenaza en forma peligrosa porque los haitianos vienen en masas por la frontera en busca de refugio, lo que implica mayores gastos en materia de salud y educación para el país. Pero como primer mercado de consumo urge que la República Dominicana, por razones puramente comerciales, trabaje con Haití en la inversión fronteriza en alianza con el sector privado de ambas naciones. Este es el mejor freno a la masiva inmigración ilegal haitiana.
Un censo poblacional, enfocado estrictamente en la inmigración haitiana, es de la más alta prioridad nacional. Fijar la población real de haitianos inmigrantes, los documentados e indocumentados, su presencia en las escuelas públicas y en las universidades dominicanas, las madres parturientas en los hospitales, los registros de nacimientos, y el control estricto de la inmigración extranjera, los renglones de la economía donde trabajan los haitianos como agricultores y constructores, así como sus negocios en el mercado informal. Este censo sería instrumento indispensable de trabajo para el Estado dominicano fijar su política y estrategia frente a Haití.
La urgencia mayor es cambiar la percepción distorsionada de que la República Dominicana viola los derechos humanos de los haitianos. Es realmente crítica la realidad actual, luego de la condena injusta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el país. La causa de esa condena ha sido más que todo debido a la pésima, irresponsable e incompetente representación diplomática que tenemos en las Naciones Unidas. Contrario a los haitianos, que sí son expertos diplomáticos de carrera, los dominicanos no hicieron el trabajo más elemental en defensa de su bandera. Es por ello que urge la renuncia en pleno de todos los representantes ante la ONU para que paguen el precio justo de su incompetencia que tanto desprestigio internacional ha provocado al país. La renuncia en pleno es impostergable.
