Respuesta enérgica

No parece que la sociedad dominicana haya reaccionado en la proporción debida ante los acontecimientos de San Francisco de Macorís, donde…

No parece que la sociedad dominicana haya reaccionado en la proporción debida ante los acontecimientos de San Francisco de Macorís, donde un grupo de policías se constituyeron en turba y acudieron al Palacio de Justicia a liberar a un compañero que había recibido tres meses de prisión preventiva por los cargos de asesinato.

elCaribe no termina de recuperarse de ese acontecimiento que en principio la jefatura policial trató de minimizar cuando dispuso sanciones pero reservó la menos drástica al general que se atribuyó la responsabilidad de los hechos. Sin embargo, detenerse a evaluar solamente la reacción de la jefatura podría constituirse en una distracción de la preocupación fundamental, aunque esa actitud sea extremadamente grave.

Si ello es así, mucho más grave resulta el silencio de determinadas instituciones defensoras de la institucionalidad frente a un acontecimiento de esa magnitud. ¿Qué ocurriría si ese proceder se contagia? Muchos prefieren no pensar en eso, en forma alguna imaginarlo. Ayer el presidente de la República reiteraba su inquietud respecto al peligro del contagio continental por los hechos de Paraguay. Los eventos no son necesariamente vinculantes, pero guardan similitud con otras acciones policiales en la región. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, estuvo a un tris de ser derrocado cuando la Policía se le sublevó en reclamo de una serie de privilegios que en la práctica no pasaban de ser la defensa de canonjías. Evo Morales, el presidente de Bolivia, acaba de sobrevivir a un alzamiento policial supuestamente por mejorías salariales.

Se podría pensar que estamos sobredimensionando unos hechos aislados, pero que constituyen una flagrante violación de la Constitución de la República.
Amnistía Internacional ha percibido muy bien lo que ha ocurrido y recomienda que las autoridades envíen el mensaje “simple y claro de que nadie está por encima de la ley” y garanticen la integridad del Poder Judicial, que ejerza su labor con total independencia.

Las autoridades nacionales, insistimos, tienen que responder a la altura que exige una circunstancia tan singular. Falta una respuesta enérgica, verdaderamente ejemplarizadora.

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