El reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Panorama Social de América Latina, establece que a pesar de que en la región se lograron avances en la reducción de la pobreza y la indigencia en el año 2011, en la República Dominicana la situación se mantuvo prácticamente estancada. Contrario al promedio regional, en este país hubo un ligero incremento del indicador de pobreza al pasar de 41.4% en 2010 a 42.2% en 2011. Tendencia que muy probablemente se mantenga a lo largo de este año.
Es inconcebible que en una economía con los niveles de crecimiento que ha tenido la dominicana, no se haya avanzando en la superación de la pobreza y la indigencia. Por eso la urgencia de una política fiscal distinta, que a partir de un enfoque integral, contribuya a una distribución más equitativa del ingreso. El presupuesto de 2013, elaborado por el gobierno y que deberá ser conocido próximamente por el Congreso Nacional, tiene un importante componente de gasto social, que apunta en la dirección de generar una mayor equidad en el país.
Además, la República Dominicana cuenta con herramientas que deberán contribuir a que el gobierno oriente sus acciones en la promoción del desarrollo y la superación de la exclusión social. La primera de ellas se refiere a las metas que deberá alcanzar el país para el año 2015, en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Lamentablemente, tenemos significativos retrasos en el cumplimiento de estos objetivos. La segunda herramienta lo constituye la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.
Junto a estas herramientas, la actual administración ha presentado una serie de programas y proyectos que deberán tener impacto en el desarrollo social y económico del país. Esto indica que tenemos definidas las prioridades y la ruta de hacia donde avanzar; todo es cuestión de que el Estado mantenga la voluntad política de cumplir con estos compromisos. Ahora bien, no es posible lograr avances en esta materia, sin un diálogo abierto y un mecanismo efectivo de coordinación entre el Estado y la sociedad.
Superando la visión neoclásica de la dicotomía entre Estado-sociedad civil, nos atrevemos a decir que el desafío de la inclusión social pasa por el fortalecimiento del Estado y al mismo tiempo, de la capacidad de las organizaciones de los ciudadanos y las ciudadanas. El reto principal hoy, es la coordinación de los diversos actores de la sociedad, para enfrentar la situación de pobreza en la que vive una gran parte de la población del país.
