La gestión de gobierno que se inaugurará el 16 de agosto tiene ante sí un verdadero rompecabezas macroeconómico, una complicada madeja que deberá desenredar con maestría si quiere evitar recesión, alta inflación, y tensiones sociales insoportables. En primer lugar, la economía dominicana ha venido operando con un impresionante déficit externo, insostenible a mediano plazo. En promedio entre 2007 y 2011, el déficit de Cuenta Corriente, que es el resultado, por decirlo de una forma llana, de las operaciones corrientes de la economía con el exterior, ha estado por encima de los US$3,500 millones (más del 7% del PIB). Las causas principales han sido unas importaciones muy elevadas que han resultado de un tipo de cambio bajo que las abarata, el aumento del precio del petróleo, el crecimiento de la economía que induce a nuevas importaciones, de unas exportaciones estancadas, y de la apertura comercial. Ese déficit se ha financiado con créditos externos para el gobierno e inversión extranjera. Sin embargo, los préstamos se reducirán y los pagos se están incrementando, mientras que la inversión extranjera pasada continuará reclamando ganancias para expatriarlas.
En segundo lugar, desde 2008 el déficit del sector público ha sido sostenidamente elevado. En parte esto se debe al incremento en los precios del petróleo que acrecentó las pérdidas del sector eléctrico y el subsidio. En ese contexto y frente a una débil demanda externa, el gobierno decidió no disminuir el gasto público ni afectar la demanda interna, la producción y el empleo, sino financiar el déficit con créditos internos y externos.
La situación fiscal se ve agravada por unas recaudaciones endebles y por las presiones de gasto asociadas a la campaña electoral. La deuda externa ha sido contratada con facilidad en parte debido a que los capitales internacionales han tenido pocas alternativas, y en el caso de la interna gracias a atractivas tasas de interés que ofrecen los bonos públicos.
En tercer lugar, la deuda del Banco Central con el público sigue creciendo, a pesar de los pagos que ha hecho el gobierno. A la lógica de emitir nuevos certificados para pagar los que se vencen y evitar que el dinero en circulación aumente, se suma que el Banco Central ha incrementado las tasas de interés para captar más recursos y controlar la tasa de cambio, lo que le obliga a pagar más y a emitir certificados adicionales.
Se trata por lo tanto de un triple reto: reducir el déficit externo y el fiscal, y reducir el crecimiento de la deuda del Banco Central. El problema es que atacar uno complica el otro o termina sacrificando el crecimiento, el empleo y los salarios. Por ejemplo, el déficit externo se puede reducir permitiendo la devaluación del peso para que las importaciones se encarezcan. Eso se puede lograr vendiendo menos reservas, pero habría riesgos de inflación. Además, la devaluación acrecienta el déficit público por el peso de la deuda externa y porque el precio interno del petróleo subiría, elevando la carga del subsidio eléctrico.
Si el Banco Central apuesta a mantener rígida la tasa de cambio para controlar los precios y el déficit del gobierno, tendría que perder más reservas, lo que lo colocaría en una posición débil, y tendría que aumentar sus tasas de interés para bajar la demanda de divisas. Pero al hacer esto, todas las tasas de interés aumentarían deprimiendo la economía. También la de los bonos públicos subiría, aumentando el déficit fiscal.
El déficit fiscal se puede reducir recortando el gasto, pero eso también deprimiría la economía, afectando el empleo, el bienestar de la gente y las recaudaciones mismas. Por su parte, la deuda del Banco Central podría bajar si se emiten menos certificados, pero eso acrecienta la cantidad de dinero disponible, lo que puede elevar la inflación y la devaluación que, aunque ayudarían a reducir el déficit externo, exacerbarían el déficit fiscal.
En síntesis, la situación macroeconómica es complicada y ninguna de las alternativas está libre de costes severos. Una reforma tributaria que eleve los ingresos y distribuya más equitativamente la carga impositiva sería clave, pero el bajo nivel de legitimidad del fisco es una traba grave. Por ello, adecentar la gestión pública para legitimar al Estado parece un paso crucial que debería anteceder a cualquier otro.
