Muchas personas que apostaban a la continuidad del doctor Roberto Rosario Márquez en la presidencia de la JCE deben estar tristes y cabizbajas. Y tienen sus motivos. Es que la mayoría veían en este hombre un estandarte para la preservación del sistema democrático, la soberanía nacional y la identidad dominicana. En una misiva publicada en este medio, Rosario Márquez estableció que con su paso por la JCE ejerció sus funciones teniendo como norte los derechos fundamentales de los ciudadanos, las leyes y el respeto al rol de otras instituciones, principalmente los tribunales de la República, a los cuales corresponden la última palabra cuando existen disputas emanadas de intereses encontrados y de interpretación de las leyes. Su gestión logró importantes avances, principalmente en lo relativo a la salvaguarda de la identidad nacional y la modernización del Registro Civil, instrumentos imprescindibles para garantizar el Estado Social y Democrático de Derecho proclamado por el Reformador Constituyente en el año 2010.
Destaca logros que espera sean imperecederos y depurados positivamente, en lo relativo al sistema nacional electoral y la administración de los procesos de participación política. Así mismo, deja en manos del Congreso Nacional avanzados proyectos para el Régimen Electoral y ley de partidos políticos, por cuya aprobación abogó de manera infructuosa.
Una de las mayores conquistas a favor de la democracia fue el hecho de obtener en esta gestión la autonomía operativa funcional, convirtiendo a la JCE como un cuasi poder del Estado, y las exitosas políticas de autogestión que permitieron construir espacios adecuados y dignos para ofrecer servicios de calidad a las personas; la inversión en educación de sus empleados y funcionarios; en un esfuerzo exitoso hacia la “transformación de la JCE en una institución eficiente de servicios públicos”. Ahora que ha culminado su gestión, Rosario Márquez, que junto con los magistrados Rosario Graciano de los Santos y César Francisco Féliz Féliz, se convirtieron en defensores verticales de la institucionalidad, debe sentirse orgulloso por sus aportes y seguro de que su nombre ya está en la historia, escrito con letras grandes y en negritas, como un digno defensor de la democracia, la soberanía nacional y la identidad dominicana. Honorable Magistrado ¡Misión cumplida!
