Con el anuncio de que en breve someterá al Congreso el paquete tributario, el gobierno ha roto, virtualmente, el diálogo en el marco del Consejo Económico y Social (CES). El cálculo que parece haber dominado es la certeza, obvia por demás, de que la membresía del CES no refrendaría el paquete tributario, que permitir la negociación daría más tiempo a sectores de poder para que lograsen achicar el paquete, y que los avances en las negociaciones en materia de gasto tomarán un tiempo que el gobierno no se puede permitir. Nueva vez, lo urgente se impuso sobre lo importante, y el poder y el interés grupal sobre el colectivo.
Hubiese sido ingenuo pensar que se podía llegar a acuerdos en materia tributaria en el marco del CES. La diversidad y discordancia de intereses es muy grande. Sin embargo, había un espacio para desarrollar un diálogo y un trabajo conjunto con miras a reformar la gestión presupuestaria, la cual hizo aguas en 2012. Después de todo, hay consenso sobre la necesidad de mejorar la calidad del gasto, los mecanismos de gestión y la rendición de cuentas.
También, aunque en menor medida, había alguna posibilidad de lograr que cualquier reforma tributaria que se aprobara en lo inmediato fuese un primer paso de un proceso de más largo plazo de transformación del relieve impositivo hacia uno más eficiente, más equitativo y con mayor capacidad recaudadora.
Pero con la decisión de apresurar el conocimiento legislativo de la propuesta tributaria, el gobierno está quemando la nave de la negociación, se decidió a pagar todos y cada uno de los costos de la imposición tributaria y utilizará su mayoría mecánica en el Congreso. El resultado es que la desconfianza se ahondará.
Por otra parte, aunque la decisión mueve al gobierno a tener un mayor grado de certeza sobre el alcance de las reformas impositivas, el riesgo de que el paquete termine siendo menor al propuesto sigue existiendo. Como decidió previamente no sacrificar en lo inmediato y al menos en parte la ración clientelar, menores ingresos podrían implicar una administración con muy poco margen de maniobra. Ese parece ser el gran temor del gobierno.
Las autoridades tienen razón cuando argumentan que hay factores “estructurales” que están causando aumentos del gasto público tales como los pagos de deuda, el subsidio eléctrico, y los nuevos compromisos en educación pre-universitaria. De hecho, habría que añadir otros dos fuertes compromisos que casi nunca se mencionan: los pagos para la recapitalización del Banco Central, y aquellos que impone la clientela partidaria y empresarial.
La palabra “estructural” es, sin embargo, desafortunada porque es como si los nuevos y pesados compromisos fuesen un fenómeno natural sobre los cuales no hubiesen responsabilidades claramente identificables entre quienes han tomado y siguen tomando decisiones. El aumento de los pagos de deuda es el resultado de una excesiva contratación de crédito. El elevadísimo subsidio eléctrico revela el fracaso de la gestión pública en ese tema. Y el fuerte aumento del gasto en educación tiene que ver con no haber cumplido con la ley a tiempo. No obstante, la situación concreta es que esos compromisos sólo se cubren con reducciones del gasto, aumento de los impuestos o una combinación.
El gobierno argumenta que está programando contraer el gasto para 2013 con respecto a 2012. Sin embargo, 2012 es el peor referente que se pueda tener por lo increíblemente inflado que ha estado el gasto. Es por ello que la propuesta del gobierno no implica en verdad una reducción tan significativa como se pretende decir. Esto hace pensar que hay más espacio para reducir el gasto de lo que el gobierno ha querido reconocer.
El derrotero decidido es lamentable porque además de evidenciar un insuficiente compromiso con mejorar la calidad del Estado y su capacidad para hacer valer los derechos de las personas, incluyendo el derecho a la participación, apunta a profundizar el abismo entre Estado y sociedad. En parte de la ciudadanía está creciendo la idea del Estado como el enemigo, y no como lo que es: una pieza clave del desarrollo. A la agenda conservadora del Estado pequeño e insolidario le están sirviendo la mesa.
