Entre los dominicanos la lucha contra la corrupción suele estar revestida de alguna motivación política. Por eso, entre un gobierno y otro, los papeles tienden a invertirse. Encontramos algunos actores que mantienen una actitud sistemática de denuncia contra la corrupción, lo que es loable, pero en ocasiones pasan a formar parte de la administración pública y se olvidan de sus campañas del pasado.
Es decir, las denuncias contra la corrupción cotidianamente son mediatizadas por los roles que determinados actores estén jugando.
Pero sería importante comprometer al Estado, o a las administraciones sucesivas, para que profundicen en la implantación de controles eficientes que puedan atenuar o detener los mecanismos de apropiación indebida de los recursos públicos.
Sólo hablamos de la corrupción en el Estado. Pero la misma no está ausente en el sector privado. La diferencia es que esta última no forma parte de la agenda política, pero algunas instituciones privadas son víctimas de crímenes y delitos de administradores inescrupulosos. Es que la corrupción es un problema social muy arraigado entre los dominicanos.
¿Qué hacer para detener seriamente la corrupción?
En la persecución y sanción de la corrupción hay serias debilidades. Cuando algunas denuncias han sido judicializadas, pocos casos terminan como sentencias que llenen las expectativas sociales.
Quizás falta mucho tiempo, no sólo para que haya acción sancionadora, como en China, donde la corrupción contra bienes públicos recibe, como otros 59 tipos de delitos, la pena de muerte. Lo que no impide que persista el mal.
No hace mucho que un alcalde de Hangzhou y otro del municipio de Suzhou, al sur de Pekín, fueron ejecutados por aceptar sobornos durante la construcción de edificios del Estado.
Pero esa drasticidad no detiene los crímenes y delitos contra bienes públicos y privados.
La tolerancia y hasta la aprobación social de la corrupción en algunos estamentos bajos sigue siendo parte de la cultura dominicana.
Mientras, el mejor régimen de sanción proviene de las clases medias y altas. Hablamos de la sanción social que tiende a ser cada vez más válida, en la medida en que los tribunales no hagan su parte y las denuncias no sean objeto de manipulación por conveniencias coyunturales y políticas.
