La celebración, la semana pasada, de la audiencia del caso “Tide Méndez contra República Dominicana”, en el marco del cuadragésimo octavo período de sesiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, celebrado en México, ha vuelto a alentar a los críticos de ese tribunal regional.
La atención sobre la audiencia de la Corte IDH fue mayor porque se produjo en medio del debate surgido en el país a raíz de la sentencia TC-168/13, del Tribunal Constitucional dominicano, que desconoce la nacionalidad dominicana a todos los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el territorio nacional desde el 1929.
Extrañamente, las peores críticas a la Corte IDH provienen de estamentos públicos, que se resisten a la posibilidad de que sus actuaciones sean enjuiciadas por ese órgano, imputando a sus jueces intereses e intenciones inconfesables.
El Estado dominicano firmó y ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH) y, al hacerlo, se comprometió a proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas personas que residen en su territorio. Además, el Estado dominicano, acogiéndose a lo establecido en el artículo 62.1 de la CADH, reconoció la competencia contenciosa de la Corte IDH. Cuando un caso llega a la Corte es porque se han producido violaciones a los derechos que protege la Convención y porque las partes, entre ellas el Estado, no han podido o querido arribar a una solución amistosa.
En nuestra nación, como en muchos otros del hemisferio, particulares y representantes del Estado cometen a diario innumerables abusos contra los Derechos Humanos. Muchos de esos abusos reciben las sanciones y reparaciones correspondientes, pero muchos otros no merecen la más mínima atención del sistema judicial, que es el llamado a garantizar, a nivel interno, el respeto de los derechos fundamentales. Por eso, en la última década, la República Dominicana ha sido condenada en la Corte IDH en tres casos en los que las violaciones a los derechos humanos de las víctimas han sido sobradamente demostradas.
La Comisión y la Corte cumplen con su misión cuando son apoderados, dan curso y ventilan las violaciones a los Derechos Humanos que se producen en cualquier país de la región.
No es cuestionando a los órganos del SIDH como vamos a promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos en el Estado Social y Democrático de Derecho que pretendemos construir, sino desterrando las prácticas que vulneran el respeto a los derechos y garantías que nos definen como una nación civilizada. Y tengamos claro que el sistema no sólo sirve a los hijos de los inmigrantes haitianos, sino también para sus propios críticos.
