Sociedad y tributos

Cuando los legisladores se pusieron de acuerdo para aprobar la Estrategia Nacional de Desarrollo, dentro del espíritu reformista de la Constitución…

Cuando los legisladores se pusieron de acuerdo para aprobar la Estrategia Nacional de Desarrollo, dentro del espíritu reformista de la Constitución de 2010, se olvidaron de que la sociedad dominicana, o una buena parte de ella, tiene muy arraigada la creencia de que tributar por lo que se gana es un abuso del Estado. Quizás tiene que ver con la herencia de la dictadura, donde no había espacio para discutir los asuntos de interés común. Como respuesta, surgió la evasión. Se evaden los impuestos, pero también se vuelan los aranceles aduanales. La acumulación de riquezas por esa vía forma parte del anecdotario social.

Asimismo, cuando los legisladores suscribieron con su voto la Estrategia Nacional de Desarrollo no tuvieron en cuenta que los tributos en este país tienen un sesgo muy marcado contra los sectores que menos pueden, como la clase media y los pobres. Por eso, los gobernantes lo primero que hacen es poner la mira en el Itbis. Buscan los medios de evitar los fuertes gravámenes a la renta personal y al patrimonio. Se olvidan de principios como solidaridad, equidad y justicia distributiva.

En un país tan rico como EEUU lo que se discute hoy, en medio de una campaña electoral, es quiénes deben contribuir más, si la clase media y los más pobres o los muy ricos. Por eso, no se comprende cómo en República Dominicana se rechaza la reforma sin valorar sobre quiénes deben recaer los tributos. Se plantea mejorar la calidad del gasto, eso está bien, pero desde las atalayas del poder empresarial y la dividida oposición, sólo se habla de rechazar los impuestos, sin comprometerse a nada. El déficit fiscal de 2012 se convierte en pretexto para no discutir seriamente la reforma fiscal.

 Vamos al 2013. El país necesita más recursos para los diferentes programas públicos. La presión tributaria (13.4%) está entre las más bajas del continente, que promedia 17%. La cuestión es quiénes deben pagar más. Ese es el punto que debe tocar la sociedad, y el gobierno.

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