El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dijo ayer que el tiempo decidirá si lo que se necesitaba para reducir la criminalidad era aumentar las penas.“Prefiero que juzgue el tiempo y ver si el problema está en la legislación, o si el problema está en la sociedad, no conozco la pieza al detalle, pero en ningún sitio del mundo el aumento de las penas ha contribuido a reducir la violencia o la delincuencia”, respondió Jorge Subero Isa, al ser cuestionado sobre la más reciente modificación y aprobación del Codigo Procesal Penal Dominicano.
“Vamos a darle tiempo al tiempo y vamos a esperar a ver si esas modificaciones son la causa de la delincuencia que hay en la República Dominicana”, agregó. El magistrado explicó que las modificaciones de cualquier normativa tienen que ir en consonancia con la Constitución de la República Dominicana.
“Esa Constitución establece mayores garantías con respecto a los derechos humanos, mayores garantías que las que establece el propio Código”, sostuvo.
Asimismo, dijo que los cambios que se hagan a una pieza no deben reñir con el espíritu garantista de la Carta Magna y los tratados internacionales.
Modificaciones Superficiales
El jurista Jottin Cury dijo que las modificaciones al Código son muy superficiales y que sólo se limitan a un aumento de plazos, “yo he abogado por una transformación más ajustada a nuestra realidad socioeconómica, porque estamos frente a un código cuya entrada en vigencia coincidió con un aumento en la criminalidad, creo que esas modificaciones son insuficientes para frenar la delincuencia en nuestro país”.
Entre las novedades del CPP se destacan la imposición obligatoria de la prisión preventiva contra los imputados de asesinato, narcotráfico y otros delitos graves, así como la apertura del accionar público en los casos de golpes y heridas provocados en un contexto de violencia intrafamiliar.
Prohíbe la solicitud de suspensión condicional de la pena en materia de violencia intrafamiliar, elimina la facultad de la Policía Nacional de solicitar orden de allanamiento para el registro de recintos privados en ausencia del Ministerio Público o de urgencia, y amplía los presupuestos para presumir peligro de fuga e imponer prisión preventiva, que ahora tiene un tope de tres años. l julia Ramírez
Reitera que adolescentes no son el problema
Marisol Tobal, coordinadora nacional del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General, recalcó que los adolescentes no son el problema, al referirse a la modificación realizada al Código del Menor, que contempla una pena de hasta 15 años de reclusión. “No son los adolescentes que tienen el problema de la criminalidad, sólo 600 están recluidos por algún delito, mientras que 23 mil adultos guardan prisión”, enfatizó.
