La Superintendencia de Bancos dijo ayer que fue cancelado Heiromy Castro, uno de los señalados de haber recibido dinero del Banco Peravia pero que su cancelación no es por ese caso.Castro fue mencionado por Natacha Gabriela Castillo durante un interrogatorio que le hizo la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, en donde señala que uno de los ejecutivos del Banco, José Luis Santoro, envió 200 mil pesos en efectivo a un empleado de la Superintendencia. Dijo que Santoro se reunía con Heiromy.
A través de un comunicado la entidad precisó que “el señor Heiromy Castro fungía como director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros, y que fue desvinculado de la institución el pasado 10 de julio de 2015, por razones ajenas al caso del Banco Peravia”.
Indicó que desconocía que Castro llevara a cabo reuniones con el señor José Luis Santoro, y mucho menos que supuestamente “recibiera 200 mil pesos con la finalidad de mantener en secreto las irregularidades y la quiebra del Banco Peravia”, como se alega declaró Gabriela Castillo.
La entidad aclaró que ha actuado y manejado la situación de la quiebra del Peravia con transparencia, firmeza y estricto apego a la Ley Monetaria y Financiera y que ha presentado formal querella criminal con constitución en actor civil contra 17 personas, y se mantiene alerta en espera de que concluyan las investigaciones que realiza la Fiscalía del Distrito Nacional a fin de proceder contra toda persona física o jurídica que dicha investigación determine pueda tener algún grado de responsabilidad en su quiebra.
Variación de medida
El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 3 de septiembre la solicitud de variación de medida de coerción que interpusieron tres de los imputados por la quiebra del banco.
Nelson Serret, Jorge Serret y Jesenia Serret, a quienes se les impuso seis meses de prisión preventiva junto a otras cuatro personas, solicitaron que se les variara la prisión por garantía económica. La audiencia fue reenviada a los fines de que el Ministerio Público y los querellantes tomen conocimiento de los presupuestos probatorios presentados.
