Al inicio de cada período constitucional se generan expectativas sobre la posibilidad de cambios en las políticas públicas que estén dirigidos a beneficiar a la ciudadanía. La esperanza de avanzar hacia una mayor justicia social y una mejor institucionalidad democrática, asoma la cabeza, aunque con cierto escepticismo, ante un nuevo periodo gubernamental. Por esa razón, la enorme atención que concitan tanto el discurso presidencial de toma de posesión, como la designación de los nuevos funcionarios. Estos marcan las prioridades del gobierno en una nueva gestión.
En cuanto al discurso, lo primero que hay que determinar, es si es o no coherente con el programa de gobierno presentado por el partido que ganó las elecciones. A partir de ahí, teniendo en cuenta que no se está en medio de una campaña electoral, hay que apelar a la objetividad y al análisis desapasionado, poniendo las cosas en su justo lugar. La evaluación del discurso presidencial sobre la base de generalidades preconcebidas tipo “no llenó las expectativas” o “faltaron temas esenciales”, no ayuda. La crítica creíble, cuestiona en base al dato y es capaz de reconocer, si es que el discurso hace aportes.
Al margen de las diferencias que se pudieran tener con lo planteado por el presidente el pasado 16 de agosto, hay temas de importancia capital entre los compromisos asumidos de cara a este nuevo gobierno. En estos temas, lo mejor que puede hacer la oposición y la sociedad toda, es tomarle la palabra. Esto significa, insistir en la relevancia de los aspectos planteados y promover la creación de mecanismos sociales de monitoreo y de incidencia y presión ciudadana para el cumplimiento de los mismos. Esto supone trascender el análisis fatalista de que todo está mal.
La sociedad debe asegurarse de que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para la gente. Esto se logra presionando para que la nueva gestión cumpla con su compromiso de mejorar la calidad de la educación, a través de una mayor capacitación de los maestros. La demanda social no debe parar hasta ver hecha realidad la promesa gubernamental de una cobertura universal del seguro familiar de salud y una efectiva reducción del gasto familiar en salud.
Un tema relevante lo constituye la implementación definitiva de un sistema universal de documentación civil para toda la población dominicana. Estas son solo algunas políticas públicas planteadas por el Ejecutivo; la oposición política y las organizaciones de la sociedad civil deben exigir su cumplimiento. La posición más crítica ante el gobierno, es pedir cuentas sobre cada una de las promesas realizadas.
