El país recuerda con horror la tortura como institución en las cárceles de La Cuarenta y La Victoria durante la tiranía trujillista. Los horribles castigos a que sometían a los disidentes, mediante las más bárbaras vejaciones físicas, palizas, descargas eléctricas, extracción de uñas a sangre fría… Los doce años de Joaquín Balaguer también fueron marcados por confesiones a base de torturas despiadadas en recintos policiales o carcelarios.

La ascensión al poder del presidente Antonio Guzmán y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 1978 constituyó un paso de avance en la lucha por humanizar las prisiones y desterrar la tortura como medio para obtener confesiones o como mecanismo de opresión y disuasión.

Pero siempre quedaron los remanentes de la era del terror en cualquier cuartel. Una que otra vez fue denunciada esa clase de abusos en los cuarteles después del 1978.

Ya a finales del siglo pasado la tortura como institución prácticamente había desaparecido. Que la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, que tiene a cargo la representación en los tribunales de los detenidos de más bajos ingresos denuncie que persisten los métodos de tortura para arrancar confesiones, es preocupante.

Con el incremento de la delincuencia y la criminalidad, la sociedad ha adoptado una actitud de tolerancia hacia ciertos excesos de la policía. Con el hartazgo de los atracos y asaltos, con los asesinatos que cometen los ladrones, la gente mira la otra violencia, la de la fuerza pública, como una simple respuesta. Y se llega incluso no sólo a la tortura, sino a los fusilamientos callejeros de supuestos delincuentes. Ahí hemos llegado.

Todo eso es lamentable. Porque cuando se instrumenta la tortura como medio para obtener confesiones que luego se utilizarán para elaborar expedientes acusatorios, generalmente se procesa a inocentes. Y los culpables siguen acabando por calles y caminos, a veces con la complicidad de policías que se vinculan al crimen.

La denuncia de la licenciada Laura Hernández no debe quedarse en el olvido. El procurador general de la República Jean Alain Rodríguez debe investigar su queja y trabajar para tratar de erradicar la tortura de las instituciones represivas nacionales.

Versiones diversas sobre los dos hombres torturados por la Policía en el cuartel de Los Rieles, en Los Alcarrizos, concuerdan en que tienen un historial para ser contado, y que sus persecutores no han podido actuar con la calidad requerida para dar con las evidencias. En su desesperación cruzaron la frontera de la ley, y cometieron el abuso. Ahora la acusación es que tenían “parte de una pistola”. No se sabía que esos objetos se porten de esa forma, lo que raya en el ridículo. En cualquier caso, avergüenza que en estos tiempos de vigencia del Código Procesal Penal garantista se cometan atropellos que descalifican los cargos.