El país asiste por segunda vez, después de la decapitación de la tiranía de Trujillo, a una transición gubernamental de un líder a otro del mismo partido. La primera vez ocurrió en la administración del presidente Antonio Guzmán, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Pero esa no fue estrictamente una transición armónica entre los partidarios de una misma organización. Tampoco se consumó en los términos que estaremos viendo, porque una tragedia impidió que Guzmán transfiriera el poder a Salvador Jorge Blanco. El mandatario se suicidó en medio de un proceso de entrega del gobierno muy marcado por los conflictos entre el nuevo presidente y quien lo sucedería. Correspondió al vicepresidente de la época, Jacobo Majluta Azar, la transferencia del mando. Ese traspaso se diferencia del momento que ahora vivimos los dominicanos, en que el presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, le entregará el poder a su compañero, Danilo Medina, que lleva como vicepresidenta a la esposa del presidente actual, Margarita Cedeño de Fernández.
En consecuencia, estamos ante una transición inédita, única en la historia moderna de la República Dominicana, y de tiempos más remotos, como durante todo el siglo pasado.
Las tensiones y los inmediatismos no nos permiten ver esta realidad que quizás está marcando un nuevo momento de la historia nacional, y especialmente en los anales de los partidos democráticos.
Pese a todo eso, es necesario que se cumplan los procesos y que tengamos una transición efectiva de un gobierno que termina a otro que inicia. Es prudente que el presidente Fernández designe una comisión de transición, con todos los rigores de la formalidad. Asimismo, el nuevo equipo que asumirá el poder debe constituir las comisiones que habrán de recibir las informaciones para una gobernabilidad efectiva, y para que no se pierda tiempo en el período crítico de los primeros cien días.
Las autoridades del gobierno que termina tienen que entregar las cuentas claras. En cualquier caso, los nuevos incumbentes deben reclamarlas. Eso ayudará al buen gobierno.
