RIO DE JANEIRO (AP) — Las últimas medallas han sido entregadas, todos los atletas han vuelto a sus casas y los fuegos de artificio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro están convirtiéndose en un recuerdo. Ahora comienza el verdadero drama en Brasil.
Tan sólo unos días después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río, los senadores brasileños están a punto de decidir si destituyen permanentemente a la presidenta Dilma Rousseff, el punto más álgido de una prolongada batalla política que ha expuesto una profunda polarización en el país más grande de América Latina.
Los Juegos Olímpicos, celebrados entre el 5 y el 21 de agosto, fueron una distracción bienvenida para muchos brasileños molestos por la corrupción endémica y una economía que pasó de ser la consentida de los analistas a estar sumida en su peor crisis financiera en décadas. Se celebraron fiestas en las calles cuando la querida selección nacional derrotó a Alemania por la medalla de oro en fútbol, redimiéndose de la humillación alemana de ganar por 7-1 en la semifinal del Mundial hace dos años.
Con el festejo olímpico ya en el recuerdo, «regresamos a las divisiones, a los pleitos», dijo Fabiano Angélico, un consultor político que vive en Sao Paulo.
El Senado inicia el jueves la fase final del juicio a Rousseff, que fue suspendida en mayo de su puesto por presuntamente violar las normas fiscales al administrar el presupuesto federal. Varios días de deliberaciones, incluido un discurso a los legisladores pronunciado por la misma Rousseff, culminarán en una votación definitiva a principios de la próxima semana.
Los adversarios de Rousseff argumentan que ella utilizó artimañas presupuestarias para enmascarar la profundidad de los déficits gubernamentales y a la postre exacerbó la creciente crisis económica, la cual ha ocasionado una inflación de 10%, anuncios diarios de despidos y constantes degradaciones crediticias por parte de agencias calificadoras.
La primera mujer en ocupar la presidencia del país niega haber actuado ilegalmente, y ha señalado que mandatarios previos utilizaron medidas contables similares. Rousseff argumenta que hay en juego algo más vil: un incruento «golpe de Estado» por parte de legisladores corruptos que quieren suplantarla para diluir una investigación sobre miles de millones de dólares en sobornos en la compañía petrolera estatal, Petrobras.
El miércoles se publicó una carta firmada por 22 artistas e intelectuales internacionales en la que expresan apoyo para Rousseff. Entre ellos estuvieron el actor Danny Glover, el director de cine Oliver Stone, el lingüista Noam Chomsky, la diseñadora de modas Vivienne Westwood, el actor Viggo Mortensen y el compositor Brian Eno.
«La base jurídica de juicio político en curso está refutada ampliamente y existe evidencia convincente que muestra que los principales promotores del juicio político están buscando retirar a la presidenta para detener las investigaciones sobre corrupción en las que ellos mismos están implicados», dice la carta.
Pero gran parte de los presuntos sobornos ocurrieron durante los 13 años en los que ha estado en el poder el Partido de los Trabajadores, al que pertenece Rousseff. Varios empresarios y políticos de alto nivel han sido encarcelados, incluidos algunos relacionados al gobierno de Rousseff, y varios funcionarios de oposición también están bajo la mira de los investigadores.
La indagatoria ha destapado una cultura de corrupción que abarca todo el espectro ideológico: Aproximadamente 60% de los legisladores en el Senado y la cámara baja están siendo investigados por varios delitos, muchos relacionados a sobornos y el escándalo de Petrobras.
Rousseff nunca ha sido implicada personalmente, pero sus detractores dicen que ella debió haber sabido lo que estaba ocurriendo y carga con responsabilidad. Ella se negó a bloquear la investigación aun cuando pagó un elevado precio político a través de su recusación, y dijo que es un proceso por el que necesita pasar urgentemente Brasil.
El gobierno interino que ocupó su lugar también ha sido aguijoneado, y tres ministros de gabinete se han visto forzados a renunciar justo después de ocupar el cargo, debido a acusaciones de corrupción. El presidente interino Michel Temer, quien fue vicepresidente de Rousseff, ha sido señalado de presuntos sobornos por testigos que han llegado a acuerdos con la fiscalía en el caso Petrobras, aunque no ha sido acusado de ningún delito.
El resultado ha sido un amplio descontento popular y enojo tanto contra Rousseff como contra Temer: una encuesta nacional realizada el mes pasado por Datafolha encontró que 62% de los entrevistados estaba a favor de la realización de nuevas elecciones en lugar de mantener a cualquiera de los dos en la presidencia.
Rousseff prometió celebrar un referéndum al respecto de si se deben convocar nuevas elecciones si sobrevive al juicio del Senado. Pero para que eso ocurra, tanto ella como Temer tendrían que renunciar o ser cesados.
Temer, un político de carrera, de 75 años y miembro del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, no ha dado indicios de que renunciaría. Se presenta como un salvador reacio que sólo quiere hacer lo mejor para un país dividido, y niega las acusaciones de Rousseff de que es el cabecilla de una trama para sustituirla.
Si Rousseff es removida permanentemente, Temer terminaría su mandato, hasta 2018.
«Michel quiere seguir siendo presidente, pero no puede mostrarse intentando hacer eso», dijo el consultor político Alexandre Barros en Brasilia. «Es una ecuación complicada para todos».
En cualquier caso, las probabilidades de que Rousseff sobreviva al juicio político en el Senado parecen escasas.
En mayo, 55 de los 81 senadores de la cámara alta votaron a favor del juicio político y la suspendieron temporalmente del cargo — uno más de los necesarios para expulsarla definitivamente. Desde entonces, Rousseff se ha embarcado en una campaña para intentar cambiar la opinión de los senadores, refugiándose en aquellos que la apoyan, tuiteando regularmente contra el «golpe de Estado», realizando mítines en varias partes del país y reuniéndose con medios de prensa brasileños e internacionales.
A inicios de este mes, 59 senadores votaron a favor de seguir adelante con el juicio.
