Una sala del Tribunal Superior Administrativo declaró inconstitucional los artículos 13 y 41 de la Ley 2334 de Registro Civil.Esta ley establece un cobro porcentual y fijo para registrar las sentencia en materia civil previo a entregar la primera copia de la misma.
En la misma decisión los jueces condenan al Instituto Agrario Dominicano al pago de RD$ 122 millones a varios codueños en la parcela 1709 B D. C. No. 7 de Samaná. La información fue dada por Ángel Lockward abogado de los accionantes.
El recurso de amparo de cumplimiento tiene lugar luego de que a solicitud del IAD fueran declarados de utilidad pública 205,721 metros cuadrados propiedad de varios abogados en Samaná y el IAD los distribuyera sin realizar el pago previo.
La inconstitucionalidad solo se aplica para el caso.
