La irrupción de Uber en el mercado de transporte de pasajeros en el país ha generado un entendible entusiasmo entre muchos usuarios de servicios de taxi porque perciben que se trata de un nuevo competidor en el mercado que promete poner presión a la baja sobre las tarifas y mejorar la calidad de los servicios. En contraposición, como en otros países, precisamente por la misma razón, los proveedores locales perciben lo contrario: una amenaza. La innovadora forma en que se provee el servicio, que no requiere de la tradicional estación de operadores para recibir llamadas y contactar a los conductores, sino que opera en base a una aplicación instalada en teléfonos móviles inteligentes mediante la cual se solicita el servicio y se realizan los pagos por vía de tarjeta de crédito, permite tener bajos costos y precios.
Pero más allá del conflicto entre proveedores y demandantes, que por diversas razones nos pone a la mayoría del lado de los segundos, Uber puede pensarse como un arquetipo de cómo una innovación disrumpe en un entorno institucional, retando las reglas del juego y los arreglos de poder. La disrupción se da en al menos tres ámbitos.
El primero es en el regulatorio. Las regulaciones se introducen en ambientes estables y se diseñan para condicionar los comportamientos de actores claramente identificables, cuyas acciones son predecibles y sobre los cuales se puede ejercer coerción. Cuando algo nuevo ocurre, como una forma distinta de proveer el servicio, las regulaciones pierden efectividad. Ese es el caso de Uber en los países o ciudades donde los servicios de taxi están fuertemente regulados. La tarifa es difícil de regular y la calidad del servicio difícil de verificar porque la empresa que recibe el pedido de servicio no se ubica en el país, y las personas que los proveen son independientes y trabajan a destajo.
Desafortunadamente, en el caso de Uber en el país esa no es la situación simplemente porque la regulación del servicio de taxis es tan pobre que no parece trascender un simple registro. De allí que Uber no esté cambiando en nada esta situación. Por el contrario, se aprovecha de la desregulación de facto que existe para penetrar en el mercado con la única resistencia de una bravuconada sin sentido de un vocero empresarial y gremial.
El segundo es el ámbito de la competencia. La innovación impacta la competencia porque no se trata sólo de un entrante a un mercado de un producto conocido y frecuentemente estandarizado, sino de uno diferenciado difícil de imitar, por lo menos en el corto plazo. Eso le permite capturar parte del mercado, máxime si, derivado de ventajas tecnológicas y de costos, como es el caso de Uber, el precio que reclama es menor al promedio. Al mismo tiempo, establece nuevos estándares de provisión que empujan cambios en la naturaleza de la actividad.
En la República Dominicana, esta es la fuente de la resistencia a Uber y no otra. Es el hecho de que amenaza con tomar una cuota de mercado de las empresas y grupos establecidos. Si hubiesen regulaciones efectivas que asegurasen, por ejemplo, mayor calidad del servicio y que a la vez implicaran costos más elevados, las resistencias y los reclamos para que las regulaciones fueran válidas también para Uber serían legítimas porque buscaría que el terreno de juego fuera igual para todos. Pero esa no es la situación. La protesta es contra un servicio que simplemente es tecnológicamente superior y que al mismo tiempo no parece que va a coludir con el resto de las empresas establecidas para fijar tarifas monopólicas sino que va a competir por atraer clientes.
El tercer ámbito es el de la tributación. Las innovaciones no sólo ponen en aprietos a la regulación sino también al cobro de impuestos porque también se dan en las arquitecturas financieras y legales con el fin de burlar al fisco, aprovechando las grietas que tienen los sistemas tributarios. Uber es un claro caso de esto. El pago se hace por tarjeta de crédito a una empresa ubicada fuera del país, la cual retorna al taxista el equivalente al 80% de la tarifa, y la mayor parte del 20% restante termina en un paraíso fiscal. La autoridad tributaria en el país en que se dio el servicio apenas puede soñar con cobrarle impuesto sobre la renta al taxista. No es que en el país taxistas y empresas sean precisamente buenos contribuyentes, y éstas últimas no necesitan de mucha creatividad para declarar beneficios nulos y no pagar impuestos, pero este tipo de esquemas son un verdadero reto para cualquier autoridad tributaria.
A este tipo de innovaciones no hay más alternativa que responderle con flexibilidad, creatividad e innovaciones institucionales que al tiempo de sacar provecho de los cambios tecnológicos, preserven y persigan el bien común garantizando calidad, competencia y responsabilidad tributaria.
