En los últimos días la sociedad dominicana ha sido estremecida por acontecimientos que generan una sensación de impotencia casi colectiva y alimentan la percepción de que la delincuencia le está ganando la batalla a las autoridades.La semana pasada fue asesinada la oficial Suleyca Ponciano, escolta de una hija menor del presidente Danilo Medina, en el sector El Tamarindo en esta capital, horas después, en San Pedro de Macorís, fue herido el segundo teniente Johanel Vásquez Tellerías, miembro de la seguridad de la vicepresidenta Margarita Cedeño.
Un elemento en común une a estos dos hechos: ambos oficiales fueron atacados por desconocidos con la intención de robarles sus armas de reglamento. Está claro, los delincuentes quieren armarse para enfrentar a los policías, y así han caído muchos hombres de uniforme.
Estos acontecimientos han tocado muy de cerca a las más altas esferas del poder político, abierto desafío a la capacidad de los organismos de seguridad encargados de reprimir esas acciones vandálicas. Nadie, siendo objetivo, puede negar que prevalece un ambiente de incertidumbre a nivel nacional, hay sobresalto y tensión.
A esto reaccionó, en tono enérgico, el presidente Medina, quien pidió a las autoridades judiciales actuar con mayor dureza en el combate de la criminalidad y la delincuencia, pues Arturo Santiago Alcántara Nepomuceno, el joven acusado del asesinato de la oficial, oriunda de Hato Mayor, había sido puesto en libertad apenas 15 antes de cometer el crimen.
Horas después, la Policía pidió a sus miembros no exhibir en público las armas, y el ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez, llamó a la Justicia a sopesar con mayor cautela y serenidad, antes de disponer la libertad de determinados reos.
Está claro, en materia de seguridad el país vive una situación muy delicada, cuya responsabilidad no es exclusiva de la Policía que persigue y recoge elementos probatorios, el Ministerio Público que investiga y elabora los expedientes acusatorios y los tribunales que juzgan. Todos los estamentos de la sociedad tienen una cuota de culpabilidad, unos por omisión, otros por inacción y hasta por complicidad.
Pero más que repartir culpas, se impone declarar una guerra contra la violencia y el delito. Será una lucha titánica debido al poder de delincuentes comunes y malhechores desalmados, resignarse, hacer nada sería el peor error. Es imperioso un esfuerzo entre autoridades y la sociedad completa en una cruzada nacional contra el crimen y al delito. Es lo menos que se puede hacer para devolver a esta nación, de probada tradición pacífica, la tranquilidad y la confianza, si no lo logramos sería un fracaso de todos.
