Muy pocos gobiernos en la historia dominicana han tenido el valor, en los grandes momentos de crisis, de echar a un lado las “premisas partidarias” y asumir debidamente sus responsabilidades con la nación. El temor a la impopularidad les impidió en instantes decisivos delinear y aplicar políticas racionales y equilibradas. De esta forma, las promesas de gobernar “para todos los dominicanos” y no para un grupo perteneciente a una clase o a un partido, cayeron finalmente ante la necesidad de supervivencia y las exigencias de un conflicto a corto plazo.
Si ha habido algún fenómeno común a los gobiernos constitucionales que han regido el país a partir de 1962, éste ha sido el conflicto resultante de lo que prometieron o intentaron hacer y lo que la realidad les impuso. La consecuencia ha sido una larga cadena de políticas económicas incoherentes, casi siempre contrarias al bien colectivo, o ajenas a los requerimientos de una planificación racional a largo plazo.
El país ha sido regido así con una visión ceñida exclusivamente a las urgencias de un presente inmediato, sin tomar mucho en cuenta las dificultades del futuro. Estamos pagando hoy las imprevisiones del pasado y mañana sufriremos las de ahora. Es un ciclo que se repite incesantemente a lo largo de nuestra vida institucional.
Un caso elocuente es la forma en que históricamente se ha abordado el problema de la inflación, para el cual los gobiernos siempre suelen atribuir factores externos ajenos a su control. Siempre inclinada a los tecnicismos burocráticos, la tecnocracia gubernamental ha dado a su incapacidad para hallar fórmulas adecuadas a este mal de la economía dominicana, una explicación de origen externo. Y como nunca admiten sus errores, lo repiten una y otra vez. Una triste realidad que todos padecemos y que estamos condenados a seguir sufriendo.
