Santiago.- El presidente del Partido de Acción Liberal (PAL) en la provincia de Santiago hizo un llamado al Congreso Nacional quien está apoderado de un anteproyecto de ley que modifica la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que transparente los gastos de las alcaldías.
Domingo Ureña espera que los legisladores asuman esa responsabilidad con el fin de abolir las lagunas de interpretación al igual que la falta de reglamento de dicha ley, el cual por carecer de reglamento se hace infuncional para su cumplimiento y carente de reglas de sanciones para aquellos alcalde y directores infractores de la misma.
Dice que si se aplicara el régimen de sanciones del artículo 21 de la ley 176-07 el 90% de los alcaldes y directores municipales estuvieran presos, junto a los encargados de tesorería, debido a que ningunos cumplen con los programas establecidos en ese artículo, que es el que traza las pautas de gastos de los presupuestos municipales.
“En varias ocasiones vemos como los alcaldes y directores expresan su pesar por los recursos que manejan sin detenerse en ver cuáles son sus debilidades en los manejos administrativos”, apunta Ureña.
El también secretario de asuntos municipales del PAL considera que no existe una relación directa entre recursos y eficiencia, no es cierto que a mayor disponibilidad de recursos habrá mayor eficiencia.
Refiere que en la actualidad hay personas manejando recursos millonarios sin ningún criterio gerencial, sin programa de gastos ni respeto a un presupuesto que más bien es decorativo y que solo sirve para cumplir requisitos porque no hay una relación entre la ejecución y transparencia.
“Este es el momento ideal para comenzar a poner orden en las administraciones municipales, el problema de la impunidad en los gobierno locales deben enfrentarse. Actualmente salen y entran alcaldes y no hay ninguna consecuencia para quienes violen la ley, por tanto, ¿qué impide que se viole la ley?, pues nada. ¿Cuántos alcaldes o regidores hay presos?, porque nadie hace nada y la ley en vez de proporcionar sanciones deja en el aire sus acciones”, puntualiza.
Dijo que la ley prevé la participación de los grupos y órganos de participación ciudadana en la gestión de los gobiernos locales, estos son: El consejo económico y social municipal, los comités de seguimiento, el derecho de petición, el referéndum municipal, el plebiscito municipal y el cabildo abierto y los consejos de regidores no empoderar esa herramienta de veeduría que vendría ayudar a ser órganos de fiscalización que es el rol del legislador municipal.
Domingo Ureña, cito el artículo 252 de la Ley 176-07 que establece: “El Consejo Económico y Social Municipal es un órgano de carácter consultivo, integrado por miembros del ayuntamiento y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad consiste en propiciar la participación ciudadana y comunitaria en los procesos de diseño de los planes operativos, de planificación, y en la toma de decisiones para la gestión municipal”. Añadió Ureña
Ureña considera que ha llegado el momento de iniciar los trabajos de reformar esta ley para dotarla de un marco legal actualizado acorde a la Carta Magna, como lo manda el artículo 203 de la constitución.
La nueva ley podría exponer cuestiones que requieren un fortalecimiento legal para su aplicación como el ordenamiento territorial y la tributación municipal, de cara a mejorar la autonomía y descentralización de los gobiernos locales.
De igual manera, dice la participación ciudadana, la planificación de la gestión municipal y la rendición de cuentas son temas urgentes a los que dicha reforma deberá referirse. Los ayuntamientos podrían emprender el camino a convertirse en administraciones transparentes, dotadas de autonomía municipal, una gestión descentralizada con políticas locales diseñadas en un marco de planificación estratégica de los territorios.
Por Ultimo Domingo Ureña dijo que las lagunas que presenta la ley 176-07 se han presentado conflictos entre los consejos de regidores y los alcaldes, además de diversos sectores de la sociedad referentes a la tributación por uso de suelo, arbitrios y multas donde los alcaldes son batuta y constitución, actuando de manera personal obviando de que tienen un consejo de regidores que son normativos y fiscalizadores.
