En medio del debate de un tema intrapartidario, sostenía en el CP, la necesidad de asumir el tema fiscal. La motivación fue centrada en que se veía asomar un dilema en la política fiscal.

El Gobierno está atrapado, decíamos, debido a que sus ingresos son menores que sus gastos. Parecería que lo más lógico es reducir sus gastos; esa sería una penosa decisión, puesto que es la ejecución presupuestaria la que inyecta los recursos para la movilidad de la economía. Expandir el gasto del Estado, no excluye, sin embargo, cualificarlo para una mayor eficiencia.

La reforma tributaria, pretendería elevar la presión tributaria. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) situaba en el 2014 el promedio de la presión tributaria para América Latina en 21.7% del PIB; en cambio, la República Dominicana, para ese año, se situó en 14.1%; los economistas aseguran que al 2017 era 13.1%. Sólo Guatemala está por debajo.

Si para aumentar la presión fiscal, el Gobierno optara por ampliar la base tributaria, con impuestos regresivos y a ser pagados por toda la población, tendría el rechazo popular y se alejaría de uno de los propósitos esenciales del PLD, que es desarrollo económico en democracia, con inclusión social e igualdad de oportunidades.

Deben adoptarse normas fiscales para desmontar las exenciones, que se remontan sobre los 200 mil millones de pesos, y que sólo benefician a sectores económicos con buena recuperación; si desmontara el anticipo, el cual afecta a las pequeñas empresas; si redujera la aplicación del ITBIS; la revisión del 7% mensual en tarjeta de crédito (se queda en los bancos) y la tasa de intereses en los préstamos bancarios y privilegiara los del sector productivo y comercial.

De igual manera, orientar la recaudación hacia los grupos y sectores económicos que se han beneficiado con un crecimiento económico sostenido en los gobiernos del PLD; éstos, con sus políticas económicas, han mantenido en movimiento creciente el Producto Interno Bruto (PIB), llevándolo de 18 mil millones de dólares a 76 mil millones de dólares.

Es evidente que si el Gobierno aumenta sobre los ricos la presión tributaria, ellos resistirán; si recarga al pueblo, será peor; si no hace nada, la crisis de la economía hará daño a los ricos, al pueblo y ni imaginar lo del Gobierno. Es decir, si hace es malo y si no hace es peor. Lo mejor, con todo y las reacciones que desencadenaría, es poner a pagar a los ricos; la economía seguiría creciendo con inclusión social.

Se aprecia que “dejar hacer, dejar pasar” (“laissez faire, laissez passer), conduce a una crisis económica. Lo procedente es adoptar las reformas fiscales necesarias.

Para hacerlo, se necesita del partido; canalizar los esfuerzos aprovechando la tan repetida relación partido-Gobierno. Sin ese apoyo partidario, las dificultades terminarían venciendo el esfuerzo que intente el Gobierno.

Es necesario un ambiente propicio en esa relación partido-Gobierno. Este es un momento para estrechar lazos y acordar las reformas impositivas, dejando a un lado los “dimes y diretes” sobre el tema de la reelección; ese crea otro riesgo.

La réplica que se nos hizo, en aquella reunión del CP, la desmiente la situación existente. Ella es manejable, si se valora el apoyo partidario, de lo contrario lo saca del poder.

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