Instituciones, caudillos y la arquitectura del poder
Muy pocos recuerdan hoy el Leviatán de Thomas Hobbes. Publicado en 1651, ese tratado —a medio camino entre la filosofía política y la anatomía del miedo— parte de una intuición severa: el ser humano, movido por la inseguridad, la ambición y el deseo de preeminencia, tiende al conflicto. El estado natural es, para Hobbes, “la guerra de todo hombre contra todo hombre”: bellum omnium contra omnes. De allí su conclusión célebre: sin una autoridad común que imponga límites, la vida sería “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”.
Pero el nombre que Hobbes elige no nace de la teoría, sino del mito. En el Libro de Job, el Leviatán es descrito con imágenes que todavía estremecen: “De su boca salen hachones de fuego; centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama”. No es una simple criatura marina; es potencia incandescente, energía primordial que ninguna mano humana puede dominar. Hobbes seculariza esa figura bíblica: convierte el monstruo en Estado. El fuego se transforma en autoridad; la llama, en ley.
El Leviatán hobbesiano no simboliza un capricho despótico, sino la concentración racional del poder destinada a conjurar el caos. Es un dios mortal: temible, pero necesario. Su existencia revela una verdad incómoda que atraviesa los siglos: la política nace del miedo tanto como de la libertad.
Algo más de un siglo después, en la Filadelfia de 1787, la sombra de Hobbes no desaparece; se transforma. Allí comparecen también Montesquieu y John Locke. El primero aporta la arquitectura de la división de poderes y el principio de frenos y contrapesos; el segundo afirma que la sociedad civil existe para proteger derechos preexistentes —vida, libertad, propiedad—, no para absorberlos. La propiedad, en Locke, no es mera acumulación material, sino extensión de la autonomía personal: el hombre es dueño de sí.
La experiencia norteamericana no abolió el Estado; lo limitó y lo institucionalizó. No suprimió el Leviatán; lo encuadró dentro de reglas impersonales. El poder no desapareció: se fragmentó, se equilibró, se sometió a controles. El individuo quedó situado en el núcleo de la vida política, mientras el gobierno permanecía deliberadamente restringido. La libertad de expresión, de asociación, de empresa y de tránsito no eran concesiones del poder, sino derechos exigibles ante él.
Conviene, sin embargo, evitar idealizaciones. Ese mismo Norte conoció la esclavitud, la guerra civil, la expansión territorial impulsada por el Estado, la concentración industrial y la ampliación decisiva del aparato federal durante el siglo XX. El Leviatán nunca estuvo ausente; fue, más bien, disciplinado por instituciones capaces de limitarlo. La diferencia no residió en la ausencia de poder, sino en su sometimiento a reglas estables y previsibles.
Otra fue la trayectoria en Hispanoamérica. Las nuevas repúblicas heredaron economías extractivas, profundas jerarquías sociales, vastos territorios mal comunicados, bajos niveles de alfabetización y escasa tradición de autogobierno local. El problema no era sólo político; era estructural. ¿Cómo consolidar orden institucional en sociedades fragmentadas y desiguales? El dilema hobbesiano se presentó con crudeza: sin autoridad central, el riesgo era la anarquía; con autoridad excesiva, el peligro era la absorción de la libertad naciente.
El Bolívar de 1830 expresa ese desaliento: “La América es ingobernable para nosotros”; “El que sirve una revolución ara en el mar”. No se trata únicamente de pesimismo personal; es el diagnóstico de una fragilidad institucional. Décadas después, José Enrique Rodó propone, en Ariel, una respuesta cultural: frente al utilitarismo norteamericano —encarnado en Calibán— el latino reivindicaría la vocación espiritual de Ariel. No era simple resentimiento, sino intento de afirmar una identidad moral en medio de la incertidumbre política.
Sin embargo, la compensación simbólica no sustituyó la construcción de instituciones sólidas. La exaltación de valores espirituales no logró arraigar prácticas cívicas estables ni consolidar un Estado impersonal. Allí donde faltaron reglas previsibles, el poder tendió a personalizarse. El siglo XX ofreció ejemplos elocuentes: Juan Vicente Gómez, Anastasio Somoza, Marcos Pérez Jiménez, Rafael Leónidas Trujillo. El Leviatán dejó de ser una estructura jurídica para convertirse en voluntad concentrada.
Conviene subrayarlo: esos Leviatanes no surgieron en el vacío. En sociedades atravesadas por desigualdad extrema y débil cohesión, el líder fuerte se presentó como un atajo hacia el orden. El problema no fue únicamente moral; fue institucional. El poder que debía consolidar la ley terminó sustituyéndola. El Estado se convirtió en patrimonio del gobernante, y la ciudadanía derivó en clientela. El daño más profundo no fue sólo la represión, sino la atrofia de la sociedad civil.
Mientras tanto, el Norte —con todas sus tensiones y contradicciones— consolidaba un principio decisivo: la supremacía de la norma sobre la persona. El poder podía ampliarse en circunstancias excepcionales, pero regresaba a cauces institucionales. En buena parte de América Latina, en cambio, el poder excepcional tendió a perpetuarse, como si el monstruo bíblico hubiese recuperado su aliento ardiente.
Mucho tiempo ha transcurrido y Hobbes podría parecer un vestigio remoto. No lo es. Cada vez que el miedo colectivo —sea a la violencia, a la crisis económica o a la fragmentación social— legitima la concentración del poder, el dilema hobbesiano reaparece. La cuestión no es elegir entre Leviatán o anarquía, sino determinar cuándo el poder necesario para garantizar orden se transforma en poder que asfixia.
En el presente, la evidencia histórica sugiere que el progreso sostenido florece allí donde el Estado es suficientemente fuerte para garantizar ley, contratos y seguridad, pero suficientemente limitado para no absorber la iniciativa individual. Ni el Estado mínimo incapaz de imponer reglas, ni el Estado absoluto que sofoca la autonomía, parecen ofrecer salidas duraderas.
Las experiencias contemporáneas de economías cerradas y regímenes concentrados en nuestro continente —Cuba, Venezuela, Nicaragua— confirman que la hipertrofia ideológica del poder termina erosionando tanto la prosperidad como la libertad. Pero sería simplista atribuir todos nuestros rezagos a la simple presencia del Estado. Las desigualdades históricas, la inserción dependiente en la economía mundial y la debilidad del capital social han contribuido igualmente a la fragilidad institucional.
El problema central no ha sido la existencia del Estado, sino su carácter: demasiado personal, demasiado capturable, demasiado frágil frente a intereses particulares. Allí donde el poder sustituyó a la norma, la libertad se contrajo y la responsabilidad individual se diluyó. El Leviatán latinoamericano no fue necesariamente más grande en tamaño; fue más vulnerable a convertirse en instrumento de voluntad.
Dos siglos después de nuestras independencias, el dilema permanece abierto. El Leviatán bíblico exhalaba fuego y humo; el político exhala decretos, presupuestos y órdenes. Ambos representan una fuerza que, sin límites, incinera. La tarea de nuestras repúblicas no consiste en negar la existencia del monstruo, sino en aprender a encerrarlo en el cauce de la ley. Porque el poder, como aquel aliento que enciende los carbones, puede iluminar o devastar. Entre el miedo que lo invoca y la libertad que lo contiene, se juega todavía nuestro destino.
