El Presidente anunció el aumento del salario mínimo a 125 pesos mensuales y un 10 % al que ganaba 300 pesos

A propósito de la crisis económica que ha causado la pandemia del coronavirus que vivimos actualmente, el gobierno de la República Dominicana del presidente Luis Abinader, sometió el 1ro. de octubre del año en curso, el anteproyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el 2021, con un monto de 1 billón 37 mil 842 millones de pesos, en el cual se incluía gravar los servicios digitales y el salario número 13 que se entrega en Navidad, lo que recibió el rechazo de la mayoría de los ciudadanos del país, quienes refutaron dicha medida por considerarla muy abusiva por parte del Poder Ejecutivo.

Días antes del Presidente asumir el poder el 16 de agosto de este año y a un mes y varias semanas de su mandato ha dicho que encontró un país “totalmente quebrado”, por lo que una de las opciones para paliar la situación financiera fue incluir los nuevos impuestos al presupuesto del próximo año. Sin embargo, por presiones de varios sectores de la sociedad, dicho proyecto tuvo que ser retirado del Congreso Nacional, ya que muchos alegaban que no se podía aguantar una carga tributaria más por los estragos ocasionados por la pandemia del Covid-19.

Nos trasladamos a marzo 1979, donde encontramos un escenario un poco parecido a la actualidad, ya que los documentos periodísticos de la época registran que el país venía presentando un cuadro económico muy negativo, y por si fuera poco, el alza anunciada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), provocaba a un más el declive del presupuesto de la República.

En respuesta a esta situación, en marzo de ese mismo año, Don Antonio se reunió con un grupo de legisladores y de funcionarios del sector económico de su gobierno para analizar el ambiente económico que se estaba proyectando en la nación. Días después, en la inauguración del hospital Jaime Oliver Pino, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales IDSS, de San Pedro de Macorís, el Presidente comentó de la necesidad de una colaboración entre el pueblo dominicano y el Estado para afrontar la carga de RD$ 56.0 millones adicionales que tendría que invertir, debido a los nuevos precios del petróleo.

Asimismo, Guzmán explicó que los gastos de importación de hidrocarburos serían “una carga tremenda para la economía nacional”. “Eso conlleva a que cada dominicano debe ser consciente de lo que debe aportar porque esta carga no la puede llevar sola el Estado” y agregó: “el Estado solamente puede llevarla cuando los contribuyentes realmente estén en la disposición de soportar parte de esa carga”.

El mandatario explicó que el alza del petróleo conllevaría al aumento de todos los derivados, los cuales tendrían que ser revisados con el nuevo incremento que entraría en vigencia el primero de abril de ese año. “Yo estoy oyendo y estoy viendo a ver qué es lo que realmente más le conviene a la economía del país y a los distintos sectores”, dijo el jefe de Estado a los periodistas que cubrían esa fuente.

El 27 de marzo del año que nos ocupa, el presidente Antonio Guzmán anunció que aumentaría los precios de los derivados de petróleo, porque “indudablemente” el Estado no podía soportar el alza dispuesta por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que entraría en vigencia en abril de 1979. Esa noche el mandatario se reunió con los funcionarios del Gobierno encargados de orientar su política económica para determinar cuáles serían las medidas que se estaría tomando para el bien de la nación.

Algunas de las medidas presentadas por don Antonio Guzmán la noche del 3 de abril de 1979, ya se conocían, como es el caso del aumento de los combustibles derivados del petróleo y el alza de la tarifa de la energía eléctrica. Otras de las disposiciones anunciadas por el Jefe de Estado durante su alocución por televisión y radio, fue el proyecto de ley que fue sometido al Congreso Nacional para su aprobación para elevar a 125 pesos mensuales el sueldo mínimo y a su vez, aumentar un 10 por cierto para los que ganaban 125 y 300 pesos.

A continuación enumeramos textualmente las demás medidas que el Gobierno dio a conocer:

“Prorrogar por un año y medio más la disposición que prohíbe la importación de automóviles cuyos precios FOB estén por encima de los $4,000 dólares”.

“Que los departamentos y organismos autónomos del Estado, se les reduzca el suministro de gasolina en un 20 por ciento”.

“Que las estaciones de gasolina solo vendan combustible al público de 6 de la mañana a 7 de la noche, permaneciendo cerradas los domingos y días feriados”.

“Aumento de un 15 por ciento del costo de la tarifa comercial del servicio eléctrico”.

“Aumento de un 20 por cierto en las tarifas eléctricas que pagan el Gobierno y los ayuntamientos”.

“Nuevos precios a la comercialización del cemento”.

“Incremento de los impuestos que gravan los cigarrillos rubios, el ron, la ginebra, el whisky y la cerveza de producción nacional y en un grado mayor, los de las bebidas importadas”.

Estas medidas fueron criticadas por dirigentes políticos y organizaciones políticas de oposición que calificaron como “paliativos” estas disposiciones del Poder Ejecutivo.

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