En respuesta a la huelga de hambre realizada por 37 reclusos que alegaban ser presos políticos, el Presidente Balaguer rechazó categóricamente la existencia de presos políticos en el país. Situación que generó un fuerte debate sobre los derechos humanos y la libertad de expresión en el país.
La Zona Retro de esta semana rememora, mediante este trabajo, los sucesos que se dieron el 26 de julio de 1968, cuando un grupo de presidiarios iniciaron una huelga de hambre alegando que su detención se debió a su postura opositora contra el gobierno con la formulación de expedientes adulterados.
Balaguer dice
El Presidente Joaquín Balaguer precisó mediante una declaración a los medios de comunicación que los detenidos estaban bajo acusaciones de delitos comunes. De igual manera, negó que los detenidos en la penitenciaria de La Victoria pudieran calificársele de presos políticos, ya que ninguno fue detenido por disposición de la Presidencia, sino que son reos comunes, o al menos están recluidos por la comisión de delitos comunes.
En este sentido, el jefe de Estado mencionó el movimiento orquestado por un grupo de presos que se autodenominaban “arrestados políticos” y que exigían, en principio, su libertad inmediata.
Huelga de hambre
Varios de los reclusos del penal de La Victoria, aprovecharon una visita de los periodistas en la cárcel para exponer sus ideas políticas y confirmar la huelga de hambre que habían iniciado y que según ellos no iba a cesar hasta “lograr sus propósitos o morir”.
Los 37 presos que se consideraban políticos se encontraban en el hospital del penal, silenciosos, unos en camillas y otros de pie, en reposo. A la huelga de hambre se unieron parte de los presos colectivos que expresaron su respaldo a sus exigencias, se estimó que la suma total pudo ser de alrededor 140 huelguistas en total.
Peticiones
Los supuestos presos políticos habían planteado una serie de condiciones que estaban destinadas a mejorar su situación carcelaria, entre las cuales figuraban las siguientes peticiones:
1)Qué una comisión de médicos los visite diariamente.
2)Que se agilicen los conocimientos de los procesos a cargo de los presos preventivos.
3)Que cuando pidan sus traslados a otras cárceles del país, después de ser condenados por un tribunal, dicho traslado les sea concedido.
4)Que se les conceda la libertad condicional cuando tengan la mitad de la pena cumplida, en caso de ser condenados.
5)Que se les concedan indultos
6)Que el conocimiento de los procesos no sea reenviado.
Se informó entonces, que los huelguistas no depondrían su actitud hasta que sus peticiones no fueran escuchadas y concedidas.
El alcalde de La Victoria, señor Julio Natera, entregó a Goico Morales una lista de los presos en huelga de hambre.
Lista de huelguistas
Entre los denominados presos políticos se encontraban los hermanos Augusto Cesar y Jesús María Aristy Melo, acusados de dar muerte con una granada de mano, a un profesor norteamericano hacia poco más de un año.
También José Ignacio Marte Polanco, quien fue condenado a 20 años de prisión acusado por espionaje. Además, los hermanos Luis y Walter Taylor, doctor Plinio Matos Moquete, herido de bala hacía ya un tiempo en lo que la policía calificó de un intento frustrado de asalto a un cobrador de la tienda Corripio.
En este sentido, se agregan a la lista el ingeniero Rafael Antonio Martínez, Eligio Antonio Blanco Peña, Manuel Joaquín German G., Rafael Abad, Rafael Báez Pérez, José Manuel Gil, Carlos Cuello Feliz, Feru Ildefonso Miguel, Ricardo Antonio Martínez Morel, Julio Campusano, entre otros.
Opinión del procurador de la República
A juicio del entonces procurador general de la República, en ese momento no existían en el país presos políticos en las diferentes cárceles.
El licenciado Carlos Rafael Goico Morales se pronunció en esta línea cuando se le cuestionó acerca de la huelga de hambre que se estaba llevando a cabo en el penal de La Victoria por el grupo de presos que se autodenominaban “políticos”, al que se sumaron los presos comunes.
Por consiguiente, Goico Morales dijo que había ordenado a las autoridades competentes la elaboración de un resumen de cada uno de los procesos puestos a cargo de los presos llamados “políticos” para imponer a la opinión publica dichos procesos, a fin de que sea esta quien juzgue si sería conveniente o no abrir las puertas de las cárceles a esos huelguistas para que quedasen en libertad sin antes la justicia analizar los hechos que determinaron su detención.
El procurador general dijo que hizo esa declaración debido a que los huelguistas impusieron como primera condición para mejorar su actitud la concesión inmediata e incondicional de libertad a los llamados “presos políticos”
Por otra parte, Goico Morales recomendó a los ministerios públicos del Distrito Nacional que acelerasen el conocimiento de los procesos de los presos preventivos. Recordándoles a los ministerios que también los presos en huelga reclamaban el aceleramiento de las vistas de sus respectivos procesos y que la justicia tiene que obviar todos los obstáculos y agilizar los conocimientos de los procesos pendientes.
Dichas recomendaciones fueron hechas en el despacho del fiscal del Distrito, tras poner en posesión al nuevo funcionario, Fernando Pérez Aponte.
Luego de su juramentación Pérez Aponte ofreció a los periodistas el permiso correspondiente para que pudieran visitar el penal de La Victoria y entrevistarse con los presos en huelga. Aclaró que esa atribución le correspondía a él como fiscal y que en virtud de ello les concedía tal permiso.
En referencia a los huelguistas expresó que todos los recluidos en el penal de La Victoria eran presos “comunes” porque los expedientes que reposan en los archivos judiciales así lo indicaban.
En el penal
Julio Cesar Natera, administrador civil del penal, se rehusó a comentar el estado de la huelga dentro del penal, mientras visitaba la Procuraduría General de la República. Este se limitó a responder que ya había informado al procurador Goico Morales sobre los pormenores de la misma, por lo que los periodistas podían acceder a esa información solicitándolo al funcionario antes mencionado.
Sin ser una declaración oficial, dejó entrever que varios de los presos preventivos y del grupo de los llamados comunes se habían retirado de la huelga, aunque no dijo el número de ellos, agregando que firmes en su postura de no comer solo permanecían los autonombrados presos políticos. Sin embargo, en el penal se había informado con seguridad que los únicos firmes en la huelga eran los llamados presos políticos, los demás, permanecían en el patio del penal y en las celdas comunes.
En fuentes del palacio se había informado que las mujeres también se habían unido a la huelga de hambre iniciada por los hombres. De las cuales solo una afirmó permanecer en huelga en vista de que se consideraba también presa por razones políticas. Las demás reclusas continuaron su vida normal en el penal, según informaron.
Fin de la huelga
Con la propuesta de Ley presentada por el senador de pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano, Pablo Rafael Casimiro Castro, la cual pasó a ser estudiada por la Comisión Permanente de Justicia del Senado, puso fin a la huelga, con la esperanza de que se aprobaría “el proyecto de amnistía”. El cual el legislador consideró que, “además de legal, está dentro del plano moral”.
Señaló que aún no había sido juzgada y que se unía a la huelga en busca de un proceso justo en su contra.
Algunas personas exhibiendo cartelones en apoyo a la huelga de hambre iniciada por los presos, piquete montado fuera del penal.
Madre de uno de los presos llamados políticos conversando con el procurador fiscal del Distrito, doctor Fernando A. Pérez Aponte.
Virgilio Gómez Suardi a la izquierda y de espalda uno de los huelguistas de La Victoria, mientras ofrecía declaraciones a la prensa.
