El 53.7 % del empleo público en RD está compuesto por mujeres
¿Alguna vez te has preguntado por qué la administración pública necesita un enfoque de género? Luego de conversar con Elianny Gell, economista con amplia trayectoria en la gestión financiera y estratégica del sector público dominicano, comprendí con mayor claridad la relevancia de esta perspectiva.
Integrar este enfoque en la planificación, el presupuesto y la evaluación de las políticas públicas no es solo una demanda de equidad, sino una condición esencial para construir instituciones más eficientes, sensibles y orientadas a resultados.
En la actualidad, este proceso está estrechamente vinculado a la Nueva Gestión Pública, un modelo que promueve un Estado más transparente, eficaz y enfocado en el bienestar ciudadano, sin perder su sentido social.
“El enfoque de género impacta directamente este modelo porque nos obliga a reconocer que las políticas públicas no afectan de igual manera a todas las personas. Incorporarlo significa diseñar decisiones más justas, sensibles a las desigualdades y alineadas con la realidad social del país”, expresó Gell.
En República Dominicana, el talento femenino tiene una presencia significativa en el empleo público. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alrededor del 53.7 % de quienes laboran en el Estado son mujeres, y ocupan más de la mitad de los cargos de alta y media gerencia.
Sin embargo, esta representación no siempre se traduce en igualdad de influencia, especialmente en el ámbito político, donde persisten brechas importantes. Esta realidad confirma que incorporar esta perspectiva no es solo una aspiración, sino una necesidad para fortalecer el equilibrio y la eficacia institucional.
Durante la conversación, también surgió el valor del liderazgo femenino en el sector público. Desde su experiencia, Gell destaca la capacidad de integrar el análisis técnico con una comprensión profunda de las realidades sociales.
Esta visión integral, acompañada de habilidades como la empatía, la escucha activa y la articulación interinstitucional, permite diseñar soluciones más conectadas con las necesidades de la población, especialmente en áreas sensibles como la salud y la seguridad social.
“Las mujeres solemos incorporar con naturalidad la escucha activa, la articulación entre instituciones y la preocupación por el impacto real de las políticas en la vida cotidiana. Esto no responde a una condición biológica, sino a trayectorias históricamente marcadas por la gestión simultánea de múltiples responsabilidades”, señaló.
Este potencial también se refleja en el ámbito académico. En el país, las féminas representan el 65.7 % de la matrícula universitaria, lo que evidencia un alto nivel de preparación. El desafío consiste en lograr que esta formación se traduzca en mayor participación en los espacios estratégicos y en las instancias de decisión del aparato estatal.
En este contexto, la planificación pública debe responder a tres preguntas fundamentales: qué problema se busca resolver, cuánto costará y qué impacto tendrá. La integración de esta perspectiva requiere el uso de herramientas concretas, como el análisis de indicadores desagregados por sexo, la identificación de brechas y la evaluación de resultados. Este enfoque permite tomar decisiones basadas en evidencia y evitar políticas aparentemente neutrales que, en la práctica, pueden profundizar desigualdades existentes.
No obstante, aún persisten barreras estructurales que limitan el acceso del talento femenino a posiciones de mayor influencia, a pesar de su alta calificación. Esto representa un costo de oportunidad para el Estado, que deja de aprovechar plenamente capacidades esenciales para su fortalecimiento.
“A esto se suma la doble o triple jornada, en la que muchas deben conciliar sus responsabilidades profesionales con las tareas de cuidado, que siguen recayendo mayoritariamente sobre ellas. Esta situación afecta su permanencia y crecimiento en posiciones estratégicas”, explicó la economista.
Superar estos desafíos exige transformaciones culturales, pero también acciones concretas desde el ámbito institucional. Para Gell, este 2026 representa una oportunidad clave para avanzar hacia la incorporación efectiva del enfoque de género en los sistemas de planificación, presupuesto y evaluación. Esto implica fortalecer los mecanismos de seguimiento, la rendición de cuentas y la formación continua, y pasar del discurso a resultados medibles.
Transformar la administración estatal no es una tarea individual, sino un compromiso colectivo.“Cada mujer que accede a un espacio de decisión abre camino para otras, contribuye a cuestionar estructuras tradicionales y fortalece instituciones más humanas, cercanas y justas. Creer en nuestra capacidad y apoyar el crecimiento de otras también es una forma de servicio público”, afirmó.
Finalmente, Gell deja un mensaje claro a las mujeres dominicanas: su participación no solo es valiosa, sino imprescindible para el desarrollo del país. Cuando el liderazgo femenino forma parte de los espacios de decisión, los datos se conectan con la realidad, y las políticas públicas responden de manera más efectiva a las necesidades de la ciudadanía.
