En la República Dominicana, en los últimos años desde diferentes litorales se habla de la importancia de la profesionalización de la función pública. En ese sentido, todos estamos contestes de que, para lograr este cometido, se requiere de una protección de los servidores públicos, específicamente de los empleados que pertenecen a la carrera administrativa.

En este contexto, los asambleístas que participaron en la modificación de la Constitución en el año 2010, conscientes de la importancia de brindar protección y estabilidad a los servidores públicos que pertenecen a la carrera administrativa, elevaron a rango constitucional dicha protección. En ese orden, en el artículo 142 de la Ley Sustantiva se establece que:

“El Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del servidor público de sus funciones”.

Hay que destacar que la constitucionalización del estatuto de la función pública, sin dudas, constituye un importante paso de avance para mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado, tomando como estandarte la meritocracia y la profesionalización como elementos nodales para el ingreso y ascenso en el empleo público.

En esa misma línea, en el artículo 146 de la Norma Suprema se prescribe la protección de la función pública, y de manera especial de los empleados que pertenecen a la carrera administrativa, postulando que: “La separación de servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en violación al régimen de la Función Pública, será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la ley”.

En síntesis, por lo expresado precedentemente se colige que, en la República Dominicana, sin dudas, hemos avanzado en la protección de la función pública. Sin embargo, aún hay tareas pendientes que ameritan la atención del Ministerio de Administracion Pública (MAP), como órgano rector del empleo público.

En ese sentido, hay que seguir impulsando la implementación de las carreras especiales, entre las cuales están: la carrera municipal, sanitaria, entre otras. Además, hay que continuar con el proceso de incorporación de empleados y funcionarios públicos a la carrera administrativa, el cual ha estado paralizado por varios años. En ese tenor, tenemos que seguir impulsando la profesionalización de los servidores públicos, para seguir avanzando en la protección y la consolidación de la función pública.

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