Los subsidios focalizados y las exenciones fiscales no han logrado garantizar precios justos para los consumidores. Por eso, ante la intención del Gobierno de aplicar nuevos mecanismos para contener alzas, urge actuar con rigor y transparencia. El desafío no es solo resistir presiones de productores y procesadores, sino diseñar políticas que aseguren que cualquier apoyo público se traduzca en alivio real para los hogares vulnerables. Una vía posible es condicionar los subsidios a compromisos verificables de estabilidad de precios y a auditorías independientes. Sin controles efectivos, la ayuda estatal corre el riesgo de diluirse sin beneficio social, justo cuando más se necesita proteger el bolsillo ciudadano.
