Los legisladores tienen el deber de retirarle la inmunidad parlamentaria al diputado Sergio Moya, ahora que se ha designado un juez especial para instruir el proceso penal que el Ministerio Público ha iniciado contra él por supuesta participación en el caso Calamar. El primer paso del proceso está pues dado. Ahora falta por ver qué harán los colegas y compañeros de Moya, si cumplen su deber o no, si permiten que la justicia actúe o se hacen ver como protectores del colega. A quienes más compete esto, claro está, es a los congresistas del PRM, como cuerpo mayoritario y por ser el partido de Moya. Veremos.

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