La depuración que exige la Junta Central Electoral a los partidos para evitar que se cuelen como candidatos personas con historiales oscuros y conflictos con la ley, debería ser una prioridad fundamental de las organizaciones políticas para preservar credibilidad frente a los votantes y la población en general. Antes que una exigencia e imposición, la dirigencia política ha debido aplicarla con firmeza y coherencia como una regla para evitar descalabro del sistema de partidos, en nuestro caso todavía fuerte, pero debilitado por la corrupción. Que vean lo que ha pasado en otras naciones del hemisferio que, por populismo, falta de ética y ambiciones ignoraron tales requerimientos.

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