Los controles sobre negocios que operan de manera irregular deben aplicarse conforme a las leyes dominicanas, sin convertirlos en instrumento de rivalidades entre Estados Unidos y China. Si existen incumplimientos tributarios, laborales o comerciales, las autoridades tienen el deber de fiscalizarlos con criterios transparentes y sin discriminación por nacionalidad. La posición estadounidense frente a esos operativos lesiona la soberanía del país. Es oportuno diferenciar entre inversiones vinculadas a infraestructura sensible y comercios sujetos a regulación ordinaria. Las decisiones no pueden responder a presiones externas ni ignorar la legalidad
