Colusión de funcionarios públicos

La corrupción es un fenómeno global, y provoca preocupación permanente para la sociedad y el Estado. En 1996 los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos suscribieron la Convención Interamericana contra la Corrupción con el objeto de prevenir, detectar y sancionar la corrupción en la región. Posteriormente, en el 2003, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas se aprobó la Convención contra la Corrupción en Mérida (México) y se presentó una respuesta mundial al problema de la corrupción, al señalar que la prevención y erradicación de la corrupción son responsabilidades de todos los Estados y que estos deben cooperar entre sí para que sus esfuerzos sean eficaces.

Debemos entender estrictamente la corrupción de funcionarios como se describe en el libro la “Corrupción: patología colectiva” del profesor González Llaca, el cual la considera como: “Un rompimiento, claro y abierto del orden jurídico, en contra del Estado y de la propia Administración pública, pero que también es un delito de matiz, es decir, la corrupción puede ser un acto de desviación, de perversión, de deslealtad, de menoscabo o pérdida de valores éticos. Esta condición de sutileza que tiene el delito lo hace mucho más difícil de encuadrar en la norma y en consecuencia de perseguir. Si todo fuera como perseguir a quien rompe, trasgrede o quiebra, pero no, las fronteras de una conducta corrupta son a veces tenues y neblinosas”.

El delito de colusión supone un ataque contra la asignación eficiente de recursos a cargo del Estado en el marco de sus operaciones contractuales. Ahora bien, no cualquier infracción de deber de vigilancia o supervisión puede constituirse como un comportamiento comisivo por omisión del delito de colusión. Si esto fuese así, no habría forma de imputar responsabilidad penal contra un funcionario público cuando en los hechos su omisión no es riesgo ex ante, o “causa adecuada”, del delito de colusión. Habrá, incluso, grados de omisión que nos permitan llegar a la misma aseveración.

Los autores españoles Morales Prats y Morales García, con referencia al delito de colusión, consideran: “[…] lo que se persigue es evitar que el funcionario cause un perjuicio económico a la Administración”.
Si bien las estadísticas de casos sentenciados de corrupción de funcionarios no son muy elevadas, sí lo son aquellos en procesos de investigación que actualmente se desarrollan en sede judicial sometidos por el Ministerio Público.

La corrupción se halla de manera consistente entre las preocupaciones más destacadas de los dominicanos. Ahora bien, el Ministerio Público representa a la institución fundamental en la lucha contra la corrupción, de igual forma lo debe de ser la Contraloría General de la República, y su acción será positiva en la medida que cuenten con las herramientas adecuadas para investigar los casos de corrupción –no olvidemos que la carga de la prueba en cualquier denuncia de acción pública la tiene el Ministerio Público-, por lo tanto una adecuada legislación penal y procesal penal, capacitación, logística necesaria, rodeada de políticas públicas idóneas, deben constituir el escenario necesario para prevenir, investigar y sancionar los casos de corrupción de funcionarios en nuestro país, es por ello que tanto en la recién promulgada Ley Núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y el proyecto de Código Penal que se debate en una legislatura extraordinaria prevé como delito penal la colusión de funcionarios públicos, delito del cual todos y cada uno de los dominicanos debemos velar más allá de la sanción, es que no se cometa.