Este título viene de las lenguas germánicas antiguas; el Ombudsman el agente que mediaba entre los poderes y los hombres en un sentido de defensa, apoyo o ayuda. Fueron los servidores ocultos de los gobiernos y los primeros en ser fusilados.
Suecia nombró este funcionario y su oficina al comenzar el siglo XIX, otros países la imitaron, y se extendió desde la creación de las Naciones Unidas.
Hoy día forma parte del derecho dominicano y se incorpora mediante la ley 19-01, del mes de febrero del 2001, un servidor público y sus funciones principales son defender los derechos que la Constitución concede a todos los ciudadanos sin importar la parcela política a la que pertenezca. Es elegido por seis años mediante una terna que presenta la Cámara de Diputados al Senado.
El funcionario que ocupa este puesto debe caracterizarse por su neutralidad, sobre todo en el aspecto político, no debe pertenecer a ningún partido, cosa difícil en nuestro país, donde el clientelismo está a la orden del día.
Y es que ese cambio producido en nuestro país con la reforma a nuestra constitución el 26 de enero del 2010, no ha alcanzado su objetivo, de convertir a plenitud nuestro país en un Estado Social, democrático, de Derechos.
Y esa figura del Defensor del Pueblo ha sido creada sobre la base de que se pueda contribuir al fortalecimiento de ese Estado de Derecho y que en el camino de la ley, sea el único por el cual deban de transitar todos los ciudadanos.
Entre los aspirantes a Defensor del Pueblo por segunda vez está el doctor Ramón B. Martínez Portorreal, diplomático de carrera con experiencia en cancillería como embajador desde el 2004 y en el servicio exterior como ministro consejero en la misión permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la facultad de ciencias jurídicas y políticas y destacado jurista del país.
Y dentro de su plataforma ha planteado. La observación plena de los valores y principios de los Derechos Humanos. La eliminación de toda forma de discriminación. El reconocimiento a las políticas públicas y privadas que garanticen la igualdad de oportunidades a los hombres y mujeres de nuestro país. La erradicación del analfabetismo, El funcionamiento efectivo de las instituciones en sus vertientes, ejecutiva, judicial y legislativa. Establecimiento de una cultura de consecuencia para toda persona que viole la ley, particularmente aquella que afecte el patrimonio del Estado, y que crea privilegios que conduzca al enriquecimiento, y por ultimo entre otra más fomentar los valores patrios.
Para concluir consideramos que el Defensor del Pueblo constituye un mecanismo alterno que tiene el Estado, para vigilar el cumplimiento de la Constitución y el Dr. Ramón B. Martínez Portorreal está en condición de hacer el mejor trabajo.
