Del régimen de impunidad al bien común

En resumen, la corrupción es la apropiación por parte de particulares de bienes y funciones públicas que pertenecen a toda la ciudadanía.

En nuestro caso la práctica de apropiación de los bienes de todos por parte de un grupito es tan antigua como la República misma, y viene extendiéndose en el tiempo sin mayores obstáculos, gracias a un marco de impunidad instalado por políticos y empresarios en el mismo entramado jurídico del Estado.
Pedro Santana, por ejemplo, utilizó las fuerzas y las capacidades materiales que tenía en 1844 para desplazar el proyecto de los trinitarios y administrar el país de la misma forma en que administraba su finca en El Seibo. Es decir, a cinco meses de fundarse la República un hombre y sus allegados se apropiaron del Estado y diseñaron un sistema de impunidad a imagen y semejanza de la finca ganadera de Santana (artículo 210 incluido).

El patrón, con formas más sofisticadas, se repitió con el astuto de Buenaventura Báez y sus satélites; con Lilís y su alianza político-comercial de antiguos azules y rojos; con Horacio Vásquez y su hambre de continuidad; y con Trujillo, simbiosis total de los intereses de un particular con la estructura del Estado. En cada momento, quienes han confrontado esta larga historia de impunidad han padecido la persecución implacable de los delincuentes políticos y empresariales beneficiarios del sistema de hurto de los bienes públicos. Los trinitarios fueron perseguidos y expatriados a los pocos meses de fundar la República. Luperón padeció en vida la traición y el giro de Lilís. Por treinta años Trujillo aplastó sádicamente la más mínima disidencia. Y más adelante Joaquín Balaguer bañó el país con la sangre de la juventud que se rebeló contra un Gobierno autoritario concebido para perpetuarse en alianza con los sectores empresariales que asaltaron los bienes y empresas públicas una vez eliminado Trujillo del escenario.

El robo mayor

Al calor de los continuos escándalos de corrupción e impunidad a los que nos tiene acostumbrado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es fácil distraerse y creer que el problema de fondo es solo el robo de los recursos del Estado y el enriquecimiento ilícito e impune de los funcionarios y sus allegados. Pero la revisión de la Historia y de los estudios recientes sobre las condiciones de desarrollo de la sociedad dominicana permite identificar una alianza político empresarial que se articula para secuestrar la institucionalidad y, a través de dicho secuestro, apropiarse del trabajo, los sueños, el tiempo y los recursos naturales de la inmensa mayoría de dominicanos y dominicanas.

Por la existencia y la reproducción de estos grupitos es que vivimos la paradoja de ser el país de mayor crecimiento económico de América Latina y el Caribe al tiempo que nos mantenemos en los peores indicadores sobre reducción de desigualdad, pobreza y movilidad social, según el Banco Mundial, la CEPAL y el mismísimo Banco Central. La existencia y la hegemonía de esta alianza o grupito de políticos y cúpulas empresariales también explica el hecho de que en la actualidad el salario medio real de los trabajadores dominicanos tenga menor poder adquisitivo que el salario medio real de 1996 (Fundación Juan Bosch), a pesar de que la productividad o ganancia de las empresas por cada trabajador se ha duplicado en un período similar (Luis Vargas).

El mismo grupito se ha blindado construyendo un sistema jurídico e institucional que le ha permitido desmantelar los sindicatos, y mantener el control de los principales mercados, de los principales medios de comunicación, de la Seguridad Social, de la agenda de discusión pública, del currículo educativo, de la dinámica de los poderes del Estado, y de los recursos naturales de la media isla. Se trata de un grupito sumamente cohesionado, que se puede cambiar la camiseta partidaria-electoral o el rostro de su vocería empresarial, pero al final del día sus diferentes actores responden a una misma lógica de apropiación impune de los recursos comunes. Por eso vemos que el Congreso privatiza todas las playas de un plumazo y no pasa nada (2010), o que Procompetencia denuncia una concentración nociva en el sagrado sector de los medicamentos y el tema se trata de forma irrisoria (2016).

El gran poder de control de este grupito histórico se puede apreciar con facilidad en el tema migratorio. Los políticos y empresarios responsables del desorden en la frontera, de la contratación de mano de obra sin ningún tipo de documentos y bajo ignominiosas formas de explotación humana son capaces de hacer que en los medios de comunicación y en las redes sociales los inmigrantes que andan buscándose la comida aparezcan como los enemigos de la ciudadanía dominicana, permitiendo que los verdaderos responsables, los dueños del negocio de la frontera, del tráfico de personas y la sobreexplotación laboral en la construcción, el agro y otros sectores queden fuera del debate. Imponen discusiones sobre las ramas para mantener a la ciudadanía alejada de las raíces de los problemas.

Hacia el bien común

El maridaje entre cúpulas políticas y empresariales es la causa principal de los grandes problemas que afectan a los dominicanos y dominicanas. Pero no es un tema que esté en la agenda principal de quienes se dicen partidos alternativos, ni de quienes accionan desde el movimiento social en defensa y promoción del bien común.

El silencio o la evasiva se entiende, porque se trata de enfrentar un poder casi absoluto, que controla el precario mercado laboral privado y se alterna en el control del Estado, de su nómina y sus mecanismos de secuestro de voluntades. Pero para desmontar el régimen de corrupción e impunidad que nos mantiene sumergidos en el lodazal de la pobreza, la desigualdad y la falta de institucionalidad hay que comenzar a visibilizar este amarre, para luego presentar propuestas que lo desmonten, sin tener que emprender una cacería de brujas contra nadie. Bastaría con identificar y promover las reformas económicas, políticas e institucionales necesarias para desmontar el gran contubernio, la alianza nefasta del grupito que impide una distribución de la riqueza más justa, un mercado más competitivo y una estructura de prestación de servicios públicos concebida y gestionada para garantizar la protección de los derechos de la gente.

En estos momentos las propuestas políticas que se dicen alternativas se limitan a acusar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de ser el más corrupto del sistema y de mantener por vías antidemocráticas el actual estado de cosas. Pero esa denuncia no es suficiente. El problema no es solo el PLD.

En el país necesitamos una propuesta política responsable, capaz de mencionar y desarticular el nudo histórico que día a día nos roba impunemente la oportunidad de convertir el crecimiento y la estabilidad económica en bienestar para todos. Urge una propuesta política que supere la práctica de defender y promover únicamente sus propios intereses corporativos y comience a levantar las banderas de las necesidades cotidianas de la gente, necesidades que están estrechamente afectadas por la hegemonía del grupito político-empresarial que controla todos los sectores estratégicos de República Dominicana. Pero al ritmo que vamos, y bailando todas las canciones que toca el PLD, se hace tarde para el surgimiento de una propuesta con estas características antes del 2020. Ya veremos.

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