Derecho a la identidad como derecho fundamental

La identidad es un derecho fundamental reconocido en el derecho internacional a través de diversas declaraciones y convenciones. El artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. En esencia, tener una identidad jurídica es fundamental para los derechos humanos, porque permite que las personas sean reconocidas oficialmente como miembros de la sociedad y accedan a servicios y protecciones esenciales.

No tener una identidad jurídica puede tener implicaciones significativas para las personas, y afectar a diferentes aspectos de sus vidas como la educación (inscribirse en instituciones educativas y acceder a los servicios educativos puede ser un problema sin una identidad jurídica), el acceso al empleo (asegurar un trabajo en la economía formal puede ser imposible sin una identidad jurídica), la atención médica (el acceso a la atención primaria puede verse gravemente limitado), la protección social (sin una identidad jurídica hay una menor probabilidad de beneficiarse de los sistemas de protección), los servicios financieros (los sistemas bancarios, de seguros, de pensiones y fiscales pueden ser inaccesibles) o el voto (la participación en los procesos electorales requiere una identidad jurídica). Las personas que carecen de identidad jurídica se encuentran a menudo en la periferia de la sociedad, privadas de presencia oficial y sufriendo exclusión social.

En el caso específico en el que el Estado busca la protección del interés superior del menor, este derecho humano fundamental es particularmente relevante, ya que confirma su existencia en la sociedad y reconoce su singularidad. La identidad del niño está compuesta por varios elementos clave, como el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el género y la nacionalidad; todos ellos contribuyen a su conocimiento de sí mismo y le confieren un lugar en la comunidad. Reconocer y proteger este derecho es fundamental para asegurar el bienestar y el desarrollo de la infancia en el mundo.

Como es sabido, el acta de nacimiento constituye el registro e inscripción del nacimiento de una persona, y es el primer paso para reconocer la identidad de la misma. Así, Unicef ha reconocido que dicho registro constituye “el reconocimiento institucional de su derecho a la identidad, mientras que el acta de nacimiento emitida es el documento legal que certifica su identidad”.

Nuestro Tribunal Constitucional mediante Sentencia TC/0852/18, indicó que, si no se salvaguarda el derecho a la identidad de la persona humana, conjuntamente con la dignidad humana, el libre desarrollo de la humanidad y la igualdad se impide a los titulares de dichos derechos ejercer otros derechos y desarrollar su vida en lo laboral y en muchas áreas.

Tratados Internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que desarrolla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 24 numerales 1 y 2 establecen que “todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre” y que “tiene derecho a adquirir una nacionalidad.”

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, constituye el primer tratado que reconoce expresamente el derecho a la identidad en sí mismo.

Sin lugar a dudas, el derecho a la identidad es lo que marca el inicio de una existencia legal y oficial; es el inicio de un contrato entre el individuo y el Estado, como servicio permanente, continuo y universal.