Muy buenas tardes:
Como presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), me siento honrado de finalmente poder dirigirme a ustedes en este día.

Reconozco que este encuentro estaba pautado hace unos meses, pero un evento imprevisto me forzó a una pausa obligatoria en el camino. Nada grave gracias a Dios, pero sí un recordatorio sobre el invaluable tesoro de la salud.

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Cámara Americana de Comercio por brindarme esta oportunidad, y cerrar su ciclo de interesantes conferencias del 2023.

Pensemos ahora por un momento en todo lo que ha ocurrido desde el pasado mes de septiembre cuando debí presentarme ante ustedes. A nivel global, el mundo ha girado de manera turbulenta. Hemos sido testigos del escalamiento del conflicto bélico entre Israel y Palestina, que a su vez coincide con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Elecciones marcadas por la violencia en Ecuador, elecciones muy polarizadas en Argentina, inestabilidad política ante el cambio de gobierno en Guatemala. Estos giros políticos se suman a la inestabilidad económica y social en nuestra región. Los precios del petróleo y las materias primas han reflejado fluctuaciones considerables como resultado de estos eventos.

A nivel local, una vez más la naturaleza nos mostró lo vulnerables que somos como país ante los efectos del cambio climático. Nos vimos expuestos a una sequía en el primer cuatrimestre del año y ahora a un fenómeno atmosférico con niveles de precipitaciones sin precedentes. Un nuevo llamado a asumir con seriedad la gestión integral del riesgo de desastres, no solo como política en nuestras empresas, sino a nivel país.

Sin duda, también otro recordatorio del desafío crucial que debemos abordar para el cuidado del medio ambiente. Es imperativo que unamos esfuerzos y hagamos una gran cruzada para proteger nuestros ríos, nuestras fuentes de agua en general y los bosques, fomentar aún más los sistemas integrados de recolección de residuos, la economía circular, así como otras prácticas sostenibles.

Es también visible el reto que nos insta a actuar con urgencia y responsabilidad, para aplicar mejores prácticas de orden y ordenamiento territorial a nivel nacional para evitar accidentes fatales como los que hemos visto recientemente en ciudades y carreteras.

A tan solo semanas de terminar el 2023, se proyecta que República Dominicana cerrará con un crecimiento de su economía menor al proyectado a inicios de año en términos relativos, sin embargo, habiendo colocado la inflación dentro del rango meta. Las recientes medidas anunciadas de política monetaria deben dar un impulso en este tramo final, y organismos internacionales y las autoridades coinciden con buenos pronósticos para el 2024.

En un abrir y cerrar de ojos ya en nuestro país ha iniciado el conteo regresivo para las elecciones municipales, congresionales y presidenciales, las primeras de las cuales tendrán lugar en apenas 2 meses. Mientras se acaban de definir alianzas y formalizar candidaturas, crecen las expectativas en torno al contenido de lo que se debatirá en este certamen.

Y justo en el contexto que les he descrito, me presento hoy ante ustedes en un momento muy particular, convencido de que la coyuntura regional y geopolítica actual presentan una gran oportunidad para la República Dominicana.

Señoras y señores, Como muchos saben, recientemente el Conep concluyó los trabajos de la Décima Convención Empresarial. Fue un proceso de diálogo generativo que nos permitió interactuar con una plural representación no solo del sector empresarial, sino también del político, social y académico, en el ámbito nacional, en todas las regiones del país. Desde el presente, hemos querido visualizar el futuro en el corto, mediano y largo plazo.

Partimos del hecho de que durante las últimas cinco décadas, la República Dominicana ha logrado un extraordinario desempeño que nos colocará al final de este 2023 cómo la séptima economía de la región. Nuestro crecimiento promedio en este período ha sido del 5.2 %, y en los últimos 12 años ha sido el mayor de América latina. La evidencia demuestra que el 85 % de estos aportes provienen del sector privado.

Esto ha contribuido a transformar nuestro país no solo económicamente sino también socialmente. Según la CEPAL, somos el segundo país en América Latina que más ha reducido la pobreza, y el Ministerio de Economía señala que parte de esa disminución en 2022 se debió a la creación de más empleos y a los ajustes salariales realizados por parte del sector privado.

Sin embargo, el mensaje central que resultó de la Convención es un llamado a mirar más allá del PIB y adoptar nuevas métricas que permitan calcular el progreso en términos de la calidad de vida y el bienestar. Por eso, las Propuestas Estratégicas para el Bienestar Integral de los Dominicanos combinan tanto el desarrollo productivo, como el desarrollo humano.

Permítanme aterrizar más estos planteamientos.

Sin inversión no hay bienestar. Reconociendo un entorno de condiciones estables y de confianza, visualizamos que la iniciativa privada continúe siendo el motor del desarrollo en nuestro país, encaminando un crecimiento del PIB por encima del 5%, y que la inversión mantenga un crecimiento promedio de al menos 10% en el próximo cuatrienio, hasta llegar a los 50,000 millones de dólares en 2026.

Hay quienes me han preguntado de dónde ha salido esta proyección. La misma fue fruto de un análisis de cifras oficiales recogidas por el Banco Central como Formación Bruta de Capital, combinado con las oportunidades que hoy en día se presentan a la República. ¡Sí es posible pensar en pasar a ser la 6ta economía de Latinoamérica al duplicar nuestro PIB en el mediano plazo!

En adición, el mercado de capitales dominicano se consolida como una plataforma de desarrollo con valores bajo custodia que superan los 45,000 millones de dólares, creciendo a un 26 % anual. Al 2028, procuramos promover su diversificación, pudiéndose destinar un mínimo de 10,000 millones de dólares a oportunidades de inversión en los sectores productivos de la economía. ¡Más inversión para el desarrollo y bienestar de los dominicanos!

El sector privado también aporta 86 de cada 100 empleos que se generan en nuestra economía. El dinamismo impregnado ha contribuido a reducir la tasa de desempleo por debajo del 5 %.

En base a la tendencia de generación de empleos formales recogida por la Tesorería de la Seguridad Social, proyectamos la generación de 500,000 empleos en los próximos 4 años, planteando la necesidad de dotar nuestro mercado laboral de un marco regulatorio moderno y estable, que contribuya a generar más empleos de calidad y sobre todo reducir los altísimos niveles de informalidad laboral. Además, debemos seguir trabajando para acercar el salario nominal al salario real.

Una vez más repito ¡La educación dominicana no aguanta cortoplacismo ni politización! La calidad en la educación es la principal métrica en que nos debemos enfocar, en adición a las económicas. Sin educación de calidad no podemos alcanzar el bienestar, ni los niveles de productividad que requiere una economía moderna, para poder adaptarse con éxito a los grandes cambios tecnológicos que trae la 4ta revolución industrial y aprovechar nuevas oportunidades como el nearshoring.

Las fallas en el sistema han llevado a muchos a cuestionar la inversión comprometida y la conversación debe girar en torno a cómo lograr los niveles de calidad y excelencia requeridos. Nos comprometemos a defender la implementación y la continuidad de políticas públicas enfocadas en lo que debe constituir la base de nuestro modelo de desarrollo.

La pandemia permitió forjar una exitosa alianza público-privada que reforzó debilidades que durante años afectan nuestro sistema de salud. Hoy se enfrentan múltiples desafíos simultáneos que atentan contra la sustentabilidad de este. Es inminente priorizarlos y definir un plan. Proponemos optimizar la inversión en el sector considerando aportes públicos y privados que garanticen acceso y cobertura, bajo un modelo gerenciado desde la atención primaria, que utilice la digitalización para garantizar trazabilidad e información certera. De igual forma, elevar la calidad de la infraestructura y el desarrollo de los profesionales de la salud.

Nuestro sistema de seguridad social ha alcanzado un nivel de madurez que refleja la necesidad de introducir mejoras para fortalecerlo, no reaccionar a corrientes populistas que procuran destruirlo. A la fecha, aproximadamente el 95 % de la población tiene cobertura de salud. La cantidad de cotizantes y afiliados del sistema de pensiones ha aumentado, y ya se han otorgado una cantidad importante de pensiones. Proponemos alcanzar un sistema universal, inclusivo, que aumente el nivel de cobertura de salud en la población de manera sostenible, y más y mejores pensiones. Ambas son claves en el crecimiento y desarrollo del país.

En los últimos años se aprecia una tendencia creciente de nuestra productividad, pero se evidencian fallas estructurales que frenan nuestro desempeño. Promovemos la implementación de reformas y políticas públicas que nos permitan avanzar 10 posiciones dentro del Índice de Competitividad Global en los próximos 4 años, a través de acciones que impulsen la innovación y reducción de trámites burocráticos.

Desde el 2017 el sector construcción ha aumentado su ponderación dentro del PIB, superando el 15 % en 2021. El reto es generar condiciones para atraer de un modo efectivo la inversión privada y promover la eficiencia de la inversión pública. Se hace necesaria la identificación de las prioridades del país para orientar mayor inversión pública que permita el desarrollo de obras de infraestructura y reducir el déficit de viviendas en un 10 % en los próximos 4 años.

Abordemos ahora un tema crucial con gran impacto en las finanzas públicas. Durante los últimos años la inversión en el sector eléctrico ha logrado una importante diversificación y ampliación de la capacidad de generación. Sin embargo, se han agravado fallas estructurales del sistema que generan efectos negativos transversales en nuestra economía.

Según el Banco Mundial, el déficit generado por el sector eléctrico a partir del 2014 representa hasta el 2.3 % del producto interno bruto (PIB) del país, por lo que constituye un considerable obstáculo para el desarrollo.

Es urgente implementar las acciones requeridas a los fines de garantizar: (i) fortalecer la sostenibilidad financiera de las empresas de distribución eléctrica, lo cual debe reflejar una reducción de las pérdidas en al menos 13 puntos en 4 años, (ii) así como continuar con la diversificación de la matriz expandiendo la red de transmisión y promoviendo la movilidad eléctrica, todo realizado bajo un plan integral.

En definitiva, se debe realizar sin mayor dilación, un gran cambio hacia un modelo de gestión de las empresas de distribución eficiente y despolitizado, y así poder asignar en el presupuesto del Estado esos recursos que hoy se destinan al déficit eléctrico, a la inversión en obras y servicios que demanda el país para su desarrollo. En reiteradas ocasiones, hemos identificado las pérdidas en las distribuidoras como el principal problema que pesa sobre el déficit fiscal del país. Y, hablando de ello, es necesario tocar el sensible tema fiscal.

La Estrategia Nacional de Desarrollo reconoce la necesidad de un Pacto Fiscal a largo plazo. Visualizamos se debe seguir impulsando una agenda pro-crecimiento, orientada al desarrollo humano y productivo inclusivo y sostenible, caracterizada por los siguientes elementos:

(I) un sistema tributario ágil y simple que promueve el empleo, la inversión y la formalización, garantizando ingresos suficientes; (II) un gasto público eficiente, transparente y con mayor calidad, asignado en función de criterios específicos; y (III) un perfil de deuda pública consolidada que viabilice la sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo.

Se debe seguir trabajando para establecer marcos normativos transparentes respaldados por el uso de la tecnología, que simplifiquen trámites y servicios públicos a nivel regional, mejorando las regulaciones y reduciendo tiempos y costos. Así, abogar por una reforma integral de las políticas públicas para eliminar las distorsiones que incentivan la informalidad y poner freno al comercio ilícito y a la visible y preocupante competencia desleal que hoy afecta diversos sectores de la economía.

Amigos y amigas,
La ética y la transparencia cobran cada vez más importancia en la agenda empresarial. Nos comprometemos a la aplicación de los principios de conducta empresarial responsable, priorizando la transparencia y la lucha contra la corrupción como elementos esenciales para el desarrollo sostenible. Además, reconocer la importancia de instituciones sólidas que salvaguarden el imperio de la ley y respeten el debido proceso.

El crecimiento económico se convierte en el medio para lograr el objetivo del bienestar colectivo. Procuremos generar confianza y continuar impulsando el crecimiento de manera equitativa y sostenible, a través de acciones enfocadas a mejorar las áreas que he enumerado y que generan mayor efecto positivo en la calidad de vida.

Creo que el retraso en comparecer frente a ustedes ha valido la pena. Me ha permitido hoy ser el portavoz de propuestas que procuran generar impacto, y que han surgido del trabajo de cientos de hombres y mujeres desde el espacio que ofreció la X Convención Empresarial. No se trata de propuestas de empresarios para su sector. Se trata de una agenda país. Todos los sectores de nuestra sociedad son importantes para impulsar una gran convergencia hacia esta agenda de interés común que nos lleve como nación a otro nivel.

¡Ahí reside la gran oportunidad que se presenta para la República Dominicana!

Quiero concluir haciendo un llamado al liderazgo político y a todos los sectores a un compromiso compartido, por encima de todo. Aprovechemos los vientos que soplan a favor de nuestro país para fortalecer lo que ha dado resultado y corregir lo que es requerido. A continuar promoviendo desarrollo económico orientado a generar mayor bienestar, estabilidad y paz social.
¡Muchas gracias!

Posted in Opiniones

Más de opiniones

Más leídas de opiniones

Las Más leídas