Aumentos al margen de la ley

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    Ya el país olvidó un asunto tan criticado por quienes hoy ocupan las posiciones de sus antecesores, sea en el Congreso o en los municipios: las resoluciones mediante las cuales se asignan ingresos adicionales mediante procedimientos que riñen contra la Carta Magna.
    Esta semana que termina se supo que regidores de Barahona y Puerto Plata se hicieron jugosos aumentos salariales en desmedro de las finanzas municipales, o del bolsillo de los contribuyentes y de la calidad de los servicios que deben prestar a las comunidades.

    Por delicadeza, no debían proceder de ese modo, pero más allá, por respeto a las normas institucionales, no debían establecer ordenanzas o resoluciones que violan el precepto constitucional de que no se debe legislar para beneficio propio.

    El artículo 146 de la Constitución de la República prohíbe taxativamente este tipo de práctica, claramente otra vía de corrupción.

    La carta sustantiva condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia: 1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico; 2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados…”.

    Esos regidores han hecho exactamente lo que prohíbe la Carta Magna, y en consecuencia, no sólo la violan. Cometen un acto de típica corrupción administrativa.

    Es además un abuso de poder, porque se extralimitan en el ejercicio de sus funciones. Ahora, que tanto se habla de cambiar, no estaría de más que haya un estatuto que defina las escalas salariales en los municipios del país.

    Lo ideal sería que los regidores fuesen voluntarios, escogidos por la población por su honorabilidad, como ocurrió alguna vez, pero en estos tiempos quizás sea pedir demasiado.

    En estos casos, de nuevo surge la necesidad de instituir un marco de política de compensaciones económicas para esta clase de servidores públicos.

    Pero lo que en forma alguna debe ocurrir es que se permita que esta gente decida por sí misma lo que deben cobrar de los exiguos fondos municipales.

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