La posposición de las elecciones presidenciales y congresuales para el 5 de julio viene a coronar lo que bien podría considerarse como un proceso electoral traumático en la historia nacional. Primero estuvo marcado por la novedad de las elecciones primarias en los partidos, que a su vez decretaron la división del partido de gobierno, lo que configuró una recomposición política. En la ruta estaban unas elecciones municipales, y ya sabemos cómo terminaron. Suspendidas en el primer intento, después del colapso del sistema de votación automatizado, que era precisamente una de las novedades, se efectuaron el 15 de marzo con la presencia solapada pero cierta del coronavirus que ha arrodillado a la humanidad.

La celebración de las elecciones el 5 de julio, consensuada por la Junta Central Electoral (JCE) con los partidos, bajo el supuesto de que para entonces habrá las condiciones mínimas para ello, aún con la presencia de la COVID-19, vendría a cerrar una fase crítica de la vida nacional, en la cual no han faltado voces agoreras que sugieren un desmadre del orden constitucional. Hasta se habla de “un vacío de poder”.

Pero ayer, el miembro de la JCE Roberto Saladín Selín afirmó categóricamente que el 16 de agosto de este año “no habrá un vacío de poder”, porque esa institución está trabajando para que las elecciones se celebran el 5 de julio.

En efecto, la JCE trabaja decididamente para montar las elecciones en la fecha acordada. Pero no dejan de aparecer esas voces disonantes respecto a la celebración de las mismas. Ayer se escuchó un senador de la región Sur decir que no hay condiciones para efectuarlas.

La JCE tendrá que ir pensando en la logística que habrá de agotar ese día, porque probablemente el país seguirá luchando todavía con la COVID-19, según el comportamiento que la misma ha presentado en otros países. Es dura de matar, y toma tiempo.

Pero razonablemente, tiene que haber elecciones, y transmisión de mando. Postergarlas hasta el infinito tiene muchos imponderables que podrían agravarlo todo.

Por ello, es fundamental que se trabaje seriamente en el combate de la enfermedad. Por la vida de los dominicanos y por la vida institucional de la República.

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