A finales de septiembre del año pasado el presidente Luis Abinader otorgó desde Nueva York un plazo de 15 días para que los funcionarios que no presentaron su declaración jurada de bienes lo hicieran, gracia que sorprendió al tratarse de una flexibilización que la ley de la materia no contemplaba.
Pero si aquella vez fue sorpresa, la semana pasada alarmó que transcurridos casi nueve meses de la advertencia de que serían suspendidos y después cancelados los que se mantuvieran en falta, trascienda públicamente que casi 3,000 funcionarios no están al día con su declaración de bienes. Para mayor sorpresa, ese número incluye a 150 nombrados por decretos del Ejecutivo.
Es la misma cantaleta de siempre. Alfredo Pacheco, al tanto de que 33 de sus diputados, 21 de ellos del PRM, están en falta, amenaza castigarlos con la retención de sus sueldos a partir de julio.
El caso de estos legisladores es más profundo, pues son 133 los que no están al día, incluidos los que debieron hacerlo al abandonar sus curules. Sumémosle los incumplidores a la fecha: 10 senadores, 2,660 funcionarios municipales, 266 de distritos municipales y 150 designados por decreto ya mencionados.
“Todos tienen que entregarla, ya que no puede haber una sola persona que no lo haya hecho”, indicó Abinader en septiembre de 2024.
Se podría decir que pierde su tiempo el que retrotrae un tema tan manido a estas alturas, pero no, hasta la saciedad hay que insistir en prestigiar la declaración jurada de bienes y si algo hay que criticar es la inoperancia de la Cámara de Cuentas y de la Procuraduría, más la ausencia de un régimen de consecuencias en el país.
Consuela, quizá para no dejarnos ganar por el pesimismo, que son más, mucho más que los incumplidores los funcionarios del Gobierno Central, los legisladores y ediles que sí han hecho su declaración.
Además, en la misma tesitura, un dato relevante que merecería mencionarse es que todos los funcionarios principales del Poder Ejecutivo la presentaron.
Se podría, con toda razón, alegar que esa es su obligación, pues la Declaración Jurada de Patrimonio es obligatoria en virtud de la ley 311-14 y que por tanto no hay que felicitar al que la cumple, pero quizá ayude aunque sea solo mencionarlo para restar espacio al tremendismo con que frecuentemente se juzga este tipo de falta.
