Vimos a unos legisladores, de esos que están absolutamente devaluados en la estima social, pretendiendo demeritar las observaciones del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) sobre las implicaciones y riesgos que entraña para el sistema político aprobar forzosamente una legislación que regule el desempeño de los partidos.
Es el extremo de la insensatez y de la irresponsabilidad no valorar en su justa dimensión un propósito franco que no solamente representa la opinión de Julio César Castaños Guzmán, o de los técnicos de la JCE, sino de la generalidad de los miembros del Pleno.
La JCE ha dicho con precisión que no pretende abrir un debate. Es un asunto que ha sido llevado y traído tantas veces, y los intereses son más que evidentes. Sólo ha sugerido que una cuestión tan importante requiere que los actores políticos consideren que debe ser producto del consenso, debe disponerse de los recursos que aseguren la logística, la tecnología que podría conllevar, y obviamente, debe considerar los plazos, es decir, los tiempos rigurosamente necesarios para que pueda materializarse.
Es una advertencia más que sana.
Pero vemos que detrás de todo lo que se discute, más allá del requerimiento de una norma, hay un marcado interés de partes por hacer “lo que más convenga”. Parece que acerca del sistema de primarias simultáneas se sustenta un singular propósito de lograr ciertos fines que no están a la vista, y que sólo el proceso, o el devenir mismo, si es que se impone ese proceder, sugerirá “todo lo que se mueve”.
Lo grave es, que en un asunto atinente a la vida institucional, no está de por medio el interés supremo de la República, sino las ambiciones desmedidas, que amenazan la vida de una de las organizaciones políticas más importantes del país.
Viendo tanta obstinación, habría que dejar que sean las “fuerzas del destino” que decidan cómo todo esto influirá sobre el devenir. O, de otra forma, dejar que la divina Providencia obre en función del bien.
