La Dirección de Migración pretende edulcorar la muerte de un recién nacido en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina con la versión de que la madre, acabada de alumbrar en el Hospital Nuestra Señora de Regla, en Peravia, fue apresada cuando le dieron de alta porque estaba irregularmente en el país.
Nadie creerá que el fallecimiento no ocurrió por falta de atenciones médicas, aunque se dice que ese centro tiene dispensarios y personal sanitario capacitado, así que las causas de esa muerte debieron explicarse con un riguroso parte médico, no con un recuento, lo que tampoco justificaría la inhumanidad de encarcelar a una parturienta con un recién nacido.
Migración o sus superiores debieran revisar su política contra las parturientas haitianas, que ya había ocasionado la muerte de una en la región este que no acudió a un hospital por temor a ser deportada.
El Gobierno anota una reducción del número de alumbramientos en hospitales públicos con el consiguiente ahorro presupuestario, pero mientras tanto crece la denuncia internacional contra República Dominicana por ese tipo de medida, a la que no damos mérito porque la política migratoria es exclusiva de un Estado soberano.
Pero no quita el llamado de atención porque esa política provoque la muerte de un bebé bajo custodia, lo que indica fallos en un protocolo que jamás debiera estipular que una mujer acabada de parir sea recluida con su bebé.
Tampoco lo justifica que haya recibido el alta médica y ni imaginar siquiera las condiciones posparto ni la higiene del personal de Migración destacado en el hospital que hizo el traslado.
El tema de las parturientas haitianas y la interdicción de niños es delicado por su estrecha relación con los derechos humanos.
La condena internacional que concita este tipo hecho injustificable ha atraído a entidades que tradicionalmente se pronuncian, lo que quizá obligue a una revisión.
La recomendación es que las autoridades dejen de regodearse por la gran cantidad mensual de haitianos que deportan, mientras desde el exterior se magnifica por tratarse de medidas inhumanas que supuestamente ignoran la crisis humanitaria de Haití.
